La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura confirmó ayer que ha realizado varias gestiones sobre el hallazgo de dos vehículos en la confluencia de la desembocadura del Almonte y el Tamuja que han desvelado que la «Guardia Civil (Seprona) ha identificado los coches y al parecer corresponde a las compañías aseguradoras la retirada de los mismos y, en última instancia, sería una competencia municipal», aseveró el gobierno regional, dejando claro que no tiene responsabilidad en la retirada de unos coches que llevan un año en este lugar y que están causando un impacto visual terrible, además de un daño ecológico en una zona de gran riqueza ambiental. Los alcaldes de la comarca de Los Cuatro Lugares dieron la voz de alarma esta semana. El Ayuntamiento de Cáceres no se ha pronunciado al respecto, pese a que el caudal toca de cerca a la ciudad.
Los dos coches que están bajo las aguas del río Almonte, a 15 kilómetros de Cáceres, aparecieron en abril de 2018. En principio la Guardia Civil manejó la lógica de un accidente por salida de vía, los buzos rastrearon el lugar y no encontraron cuerpos. La investigación avanzó concluyendo, sin embargo, que los automóviles, un Volkswagen Golf y un Audi A-4, habían sido robados en la provincia de Badajoz.
En la investigación sobre este suceso, la Benemérita explicó que los dos vehículos fueron utilizados para cometer un delito y que luego los arrojaron al río. La Comandancia señaló que no se consiguió averiguar nada más y estimó que eran los propietarios de los coches, a través de sus seguros, los que debían retirarlos. Las mismas fuentes no supieron precisar si la investigación avanzó más en ese sentido y emplazó a interesarse por este asunto, aunque no pudo ofrecer ningún otro dato. Añadió que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) «es la que tiene que presionar a los propietarios de los coches».
La CHT indicó por su parte que de acuerdo con la actual legislación, este organismo «no tiene ninguna competencia en materia de retirada y gestión de residuos». Apuntó que a las confederaciones les corresponde solo «la administración y control del dominio público hidráulico». Eso sí, avanzó que en su virtud, el organismo de cuenca «puede ejercer sus competencias sancionadoras en la medida que los residuos acumulados en sus alrededores puedan constituir un riesgo de deterioro de dicho dominio». No obstante, la CHT, a través del Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico, visitará la zona, «para una vez determinadas las particularidades del caso, poder actuar en consecuencia».
