La Junta de Extremadura está elaborando un informe para aclarar el caso del niño de once años que perdió la piel tras pautarle una dosis cuatro veces superior de un antiepiléptico. La familia reclama 300.000 euros por los daños causados a través de una reclamación patrimonial. El Servicio Extremeño de Salud (SES) «les dará los datos en cuanto tengan los informes de inspección sobre qué es lo que ocurrió»; y si es por vía judicial, «colaborará con la justicia». Por el momento, tal y como confirma la abogada de la familia, Clara Lozano, Sanidad no se ha puesto en contacto con ellos ni tampoco con los afectados.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, se ha pronunciado esta mañana sobre este caso. Y ha lamentado que haya trascendido a la opinión pública de esta manera tan «sensacionalista». Además, cree que se debe respetar la confidencialidad de los datos clínicos, así como apostar por proteger a los menores y los derechos que tienen, según recoge Efe. «Todo mi respeto a la familia y toda la colaboración para que tengan toda la información y, al menos, la incertidumbre que le haya generado este tema se solucione cuanto antes», ha reiterado.

Tal y como informó ese diario el martes el menor fue diagnosticado de epilepsia a los cuatro años. Entonces se le pautó un medicamento para frenar las crisis (en realidad nunca llegó a sufrir ninguna pero a los cuatro años tuvo un atragantamiento y se sospechó que podría haber sido causado por un brote de esta enfermedad). Años más tarde, cuando ya tenía once, acudió a una de las revisiones de esta enfermedad en el hospital San Pedro de Alcántara, donde el neurólogo pediátrico que le atendía le recetó otro medicamento más. En cambio, tal y como denuncia la familia, se administró una dosis cuatro veces superior a la que debía tomarse, según estipula la Agencia Española del Medicamento y el propio prospecto.

Esta sobredosis le provocó llagas y quemaduras en el cuerpo. Le produjo una necrosis y se le cayeron las uñas y la piel de los pezones, de las plantas de los pies, de la cabeza y de la cara. Tuvieron que coserle hasta los ojos para evitar que se le abrasaran. Además de generarle problemas en varios órganos, entre ellos los riñones. Tras realizarle pruebas le fue diagnosticado el Síndrome Stevens-Johnson, una enfermedad que provoca precisamente el consumo de dosis excesivas del medicamento que se le pautó en el hospital San Pedro de Alcántara. En este sentido Vergeles asegura que este síndrome «no solo se produce por dosis inadecuadas o por mala práctica de los profesionales si no que con dosis normales también se puede presentar porque es una enfermedad inmunológica».

Desde el gabinete madrileño Lex Abogacía advierten de que, si no reciben una respuesta a la reclamación patrimonial que se presentó en noviembre del año pasado (debían haber contestado hace ya seis meses) acudirán a la vía contencioso-administrativa.