La Junta de Extrenadura mantiene una deuda con el ayuntamiento de 4,7 millones de euros, principalmente por el Impuestos de Bienes Inmuebles. El alcalde, Luis Salaya, explicó ayer que se está en negociaciones con la administración autonómica para su cobro. En la mayoría de este importe hay un acuerdo, pero en parte del mismo, más de un millón de euros, la Junta no está conforme con la cuantificación municipal. La administración autonómica tiene muchos inmuebles en la ciudad por los que tributa. Por los que más paga están los grandes centros sanitarios, pero los que suman mayor importe son las viviendas sociales. En anteriores ejercicios se estimaba que la Junta tenía una cuota anual solo del IBI cercana al millón.
La deuda de la Junta se mencionó en el pleno de aprobación de los presupuestos que se celebró el pasado viernes. En esa sesión, el portavoz del PP, Rafael Mateos, indicó que la deuda de la Junta ascendía a 4 millones de euros y pidió al gobierno local que reclamase a la Junta su pago.
No es algo nuevo. En la pasada legislatura estuvo más de una vez sobre la mesa este débito. En 2016 se reclamaban 3,8 millones de euros a la Junta de IBI. Un año después, tras una depuración de la liquidación, compensaciones y pago de parte del débito, la deuda quedó en 2,2 millones de euros, entonces desde la Consejería de Hacienda de la Junta se anunció la previsión de que en cinco años se podría tener abonado todo este débito.
En el último padrón municipal que se puso al cobro en mayo de 2019, de IBI había 92.581 recibos de todos los contribuyentes por un cargo de 22,7 millones de euros. Al cierre del periodo voluntario se habían ingresado 19 millones y 82.329 recibos. En la liquidación de 2018 estaba pendiente de cobro a final de ese año un importe de 2,7 millones. Para el ejercicio de 2020, con datos del 2019, se calcula que unos 3.000 inmuebles se pondrá beneficiar de algunas de las bonificaciones del tributo. Estas exenciones suman algo más de un millón.
