La Comisión Regional de Urbanismo se reúne hoy en Mérida. Su presidente, Francisco Javier Gaspar, que es el director general de Urbanismo, presentará su informe sobre el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres. Esta comisión es un órgano consultivo, no es decisorio, pero la reunión que se celebra hoy es extraordinaria y con la presencia del consejero de Fomento, José Luis Quintana, a quien se remiten los informes de la comisión para adoptar sus resoluciones. Una de las funciones del consejero es decidir sobre el plan previo informe de la comisión. También asistirá la alcaldesa, Carmen Heras. Hoy no va a haber resolución de la consejería, aunque sí se harán públicas ideas generales del contenido del informe del presidente de la comisión, y lo que se espera, por lo que se ha venido diciendo en los últimos meses, es un recorte sustancial en las planificaciones de la ciudad que prevé el plan general municipal.

El plan general marca el futuro diseño de la ciudad y por dónde crecerá. No son solamente pisos, sino que otros muchos proyectos dependen de este normativa. Por ejemplo, El Corte Inglés está esperando este plan por la recalificación de la parcela de las Carmelitas, e igual ocurre con el centro comercial la Calera por la regulación del uso comercial.

Lo que puede ocurrir hoy es una suspensión de hecho, no de derecho a falta de la resolución, de la aprobación final del plan, ya que una de las funciones de la consejería es que el modelo de crecimiento definido por el plan respete el equilibrio urbanístico del territorio, y el propio Quintana ha reiterado que el plan planifica muchas viviendas, y, por tanto, una excesiva previsión de crecimiento de población.

El plan tiene un potencial de 60.000 viviendas, de las que algo más de 3.000 se pueden desarrollar en suelo urbano (en el entorno de San Marquino y Aldea Moret), mientras que otras 54.937 se acometerían en nuevos suelos urbanizables, además de otras 1.500 y las 1.921 de Arroyo-Malpartida y Valdesalor. Las viviendas en los nuevos suelos urbanizables son las que están sujetas a un recorte, que dejaría este terreno como no urbanizable, y en especial las que están más alejadas del casco urbano consolidado o las previstas en sectores que no se estiman prioritarios y que suman más de 30.000 pisos.