La Junta de Extremadura ha destacado que en el caso del joven con discapacidad intelectual que sufrió abusos sexuales en un centro ocupacional de Cáceres «hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres ajustada a derecho» y que «no hay ni acuerdo ni arreglo ni componenda», en ese asunto. Así lo manifestó el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, a pregunta de la diputada del Partido Popular, Consuelo Rodríguez Píriz, en el Pleno de la Asamblea regional de ayer. Rodríguez Píriz ha lamentado el «silencio» de la Junta de Extremadura ante este caso, sobre el que según ha relatado, el ejecutivo regional «pactó con la parte contraria tres años de cárcel y 30.000 euros de multa» para el agresor. La diputada del PP ha alertado de que «el agresor nunca ha dejado de trabajar en el centro» donde ocurrieron los hechos, «ni se han tomado medidas alternativas». Por su parte, Vergeles ha insistido en que «hay una sentencia» en la que «la justicia se ha pronunciado como le corresponde» y que este es un «caso cerrado».
