La Junta de Extremadura ha decidido no responder a la reclamación de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que comenzó a construir el nuevo hospital, formada por Placonsa, FCC y Joca, que solicita una indemnización de 28 millones de euros por los daños que produjo a las tres empresas la disolución de dicho contrato, que se llevó a cabo en la legislatura de Monago. El Ejecutivo regional tenía hasta enero para contestar a dicha reclamación pero considera que no le corresponde hacer frente a ella. La vía que queda ahora a la UTE es la contencioso administrativa. «Se han hecho los estudios pertinentes junto con la abogacía general de la Junta de Extremadura y no parecía conveniente que respondiéramos a la reclamación por la vía administrativa. Si quieren ir a la vía judicial tendremos todos los argumentos de defensa», aseguró ayer el consejero de Sanidad, José María Vergeles. «Me produce una profunda pena que los extremeños tengamos que hacer frente a otro nuevo episodio de judicialización de un hospital que podría haberse terminado mucho antes, por una decisión del gobierno anterior, que hizo que se retrasara deliberadamente», añadió. Y criticó además que el cacereño y médico jubilado, Eduardo Corchero, acudiera a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo para que se investigue el uso de los fondos europeos en el nuevo hospital: «No es lamentable, es de un insulto manifiesto a los extremeños», sentenció.
