Varias patrullas de la Policía Nacional intervinieron en un desalojo ayer en Mejostilla de Cáceres. El suceso sorprendió a los vecinos del número 10 de la calle Pedro de Ibarra y a la propia inquilina que aseguró no haber recibido ninguna notificación sobre el desahucio. «Han tirado la puerta y a la calle», apuntó ayer visiblemente afectada S. B., adjudicataria de una vivienda social de la Junta de Extremadura en la barriada cacereña. Tras la actuación policial, que recibió críticas de vecinos que se encontraban en las cercanías del edificio, la inquilina depositó sus efectos personales a la entrada del edificio. La adjudicataria, que tiene cuatro hijos, lamentó a este diario que padece varias enfermedades y que acumula una deuda del alquiler de 2.000 euros que es «incapaz» de asumir. Estuvo acompañada en todo momento por su pareja y por varios familiares que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.
La inquilina anotó que lleva residiendo en la vivienda desde hace más de quince años.
La Junta, por su parte, descarta la versión de la inquilina y alega que el desalojo se trata de un desalojo con auto judicial por no ocupación. El Gobierno regional alega que «cuando se ha entrado en la vivienda solo había un perro» y según el expediente, «la vivienda era habitada esporádicamente por el hijo, con antecedentes policiales, de la adjudicataria». Por otro lado, apunta que el alquiler «de la vivienda nunca ha sido abonado desde que se obtuvo la adjudicación».
En ese sentido, la Junta asegura que este caso y en materia de viviendas de promoción pública, «la política es la recuperación de viviendas no ocupadas, ocupadas ilegalmente o con inquilinos implicados en conductas asociales para que sean otorgadas a personas en lista de espera necesitadas de hogar y que cumplen con los requisitos para obtener una vivienda de promoción pública».
