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EL PROTOCOLO INICIADO POR LA JUNTA Y DIVERSAS PLATAFORMAS pretende UNA utilización ÓPTIMA DEl parque público de viviendas

La Junta recupera un centenar de pisos sociales en Cáceres para regularizarlos

La mayoría ya han sido reasignados a familias que realmente los necesitan y cumplen los requisitos. Estaban ilegalmente ocupados, vacíos o con mal uso. Muchos inquilinos han regulado su situación

 

Bloques de promoción pública en la barriada de Aldea Moret, donde se concentran 900 viviendas de este tipo. - EL PERIÓDICO

Objetivo: recuperar las viviendas sociales que no tienen el uso para el que fueron creadas, y entregarlas a familias que necesitan un techo y que además cumplen los requisitos para acceder a ellas. Con este fin nació en febrero de 2016 el llamado Protocolo de Desahucio y Lanzamiento en Materia de Vivienda de Promoción Pública de la Junta de Extremadura, una herramienta en la que trabajan el Gobierno regional junto con diversas plataformas ciudadanas para regularizar la situación de dichos inmuebles en toda la comunidad, de modo que realmente acojan a personas que precisan estos recursos.

Durante los últimos veintidós meses, desde el inicio del protocolo, se han recuperado 87 viviendas de titularidad pública (propiedad de la Junta de Extremadura) en la capital cacereña. Durante 2016 se llevaron a cabo 237 desahucios de viviendas ocupadas ilegalmente en toda la región: 68 en Badajoz, 51 en Cáceres, 44 en Mérida, 18 en Plasencia y 56 en el resto de poblaciones. A lo largo de 2017 se han recuperado más de un centenar en la comunidad, entre ellas 71 en la provincia cacereña: 36 en Cáceres, 20 en Plasencia y 15 en distintos municipios.

1.800 INMUEBLES EN CÁCERES / Por lo que se refiere a la capital cacereña, la mayoría de las actuaciones se han desarrollado en Aldea Moret, una barriada que concentra 900 de las 1.800 viviendas sociales que gestiona la Junta en esta ciudad. El protocolo solo se aplica realmente en circunstancias que hacen evidente el mal uso de los inmuebles de promoción pública: ocupación ilegal por parte de personas a las que no les han sido concedidos; inquilinos que tienen otras casas en propiedad; pisos destinados a fines distintos e incluso a actividades delictivas (drogas, cultivo y elaboración de sustancias prohibidas...); viviendas vacías, conducta asocial de los inquilinos que generan conflictividad... La finalidad es siempre que estos recursos sean aprovechados por familias que de verdad requieren un hogar.

De hecho, cuando el protocolo detecta un piso ocupado de forma ilegal, el primer paso consiste en estudiar la situación de esa familia y ayudar a su regularización por los cauces legales. Los desahucios solo se ejecutan en casos inevitables, como última solución. De hecho, durante el primer año del protocolo, el más intenso, hubo unas 200 viviendas recuperadas en la región (unas 30 en la capital cacereña) que no se incluyeron en el balance porque no tuvieron que desalojarse, ya que sus inquilinos, pese a ocuparlas ilegalmente, respondían al perfil de personas necesitadas de un techo, que además mantenían un comportamiento normalizado. En estos casos se les insta a legalizar su situación.

«Desde el propio servicio de adjudicación de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la Junta, se realizan visitas domiciliarias, se solicitan informes acreditativos de la situación sociofamiliar y se estudia cada expediente de manera individualizada, a fin de decidir la situación más favorable para cada unidad familiar», explican desde la Junta.

Todas las medidas van encaminadas a dar un uso correcto al parque de vivienda pública que costean todos los ciudadanos con sus impuestos, y reducir al mismo tiempo las situaciones conflictivas de las barriadas, a través de la adecuada ocupación de los pisos. De hecho, aunque en algunos casos se han tenido que aplicar desalojos con auto judicial y con el acompañamiento de operativos policiales, lo cierto es que la gran mayoría de las viviendas ya están adjudicadas a familias de forma regularizada.

Las plataformas que forman parte de la mesa del protocolo son Adicae, Afectados por la Hipoteca (Mérida, Badajoz y Olivenza), Nueva Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cáceres, Mujeres Sembrando, Asociación de los Barrios Deprimidos de Badajoz, Asociación Gurugú y Asociación de Recuperación de los Colorines y Suerte de Saavedra, junto con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta. Sus miembros vienen manteniendo que su labor no es desahuciar, sino abogar por la legalidad y la convivencia en los barrios, de modo que las personas que necesiten verdaderamente una vivienda, la tengan.

De hecho, la mesa del protocolo ha logrado recuperar tres de cada cuatro inmuebles sin recurrir al juzgado, a través del esfuerzo de dichas plataformas, que muchas veces llegan a la parte humana de estos problemas que se pierden en la burocracia.