La Junta de Extremadura ha impuesto al ayuntamiento una sanción de 3.000 euros debido a que la perrera municipal no tiene la necesaria autorización administrativa, multa que el consistorio recurrió, argumentando que esta sanción había prescrito. Pero esta penalización ha dado lugar a otra decisión del gobierno municipal para ordenar la situación en la que se encuentra la perrera, situada en las inmediaciones de la Universidad Laboral
Esta instalación para el alojamiento de animales está ubicada en terrenos para equipamientos de uso docente, cuando la perrera por el servicio que presta tiene que estar en suelo sanitario-asistencial. El plan general de urbanismo regula el tipo de actividades que se permiten en cada uno y las condiciones de edificación, además los terrenos situados al norte de esta instalación están reservados para una dotación educativa por si se necesitasen en un futuro para la ampliación del campus universitario.
La decisión del gobierno municipal, dado la imposibilidad de trasladar ahora de sitio la instalación, es proceder a la modificación del plan general de urbanismo para el cambio de uso y que la instalación esté ordenada desde el punto vista urbanístico y se pueda legalizar esta dotación.
En el último año ya se han aprobado e iniciado varias modificaciones del plan de urbanisma, la última se aprobó en el último pleno de la corporación municipal para hacer viable la apertura de cafés-concierto.
La perrera acoge actualmente a casi un centenar de animales. Los problemas de legalidad de esta instalación no son nuevos, ya en la anterior legislatura se llegó a plantear la construcción de un nuevo edificio al ubicarse el actual en terreno destinado a usos docentes, incluso se barajó una inversión de 400.000 euros. Las instalaciones de la perrera municipal están gestionadas por la sociedad protectora de animales.
