La Dirección General de Industria, Energía y Minas tapiará los antiguos pozos de la mina de Valdeflores, que tienen 50 metros de profundidad, con bocas de entre cuatro y cinco metros, por las que cabe perfectamente una persona o un animal. En total se han localizado ocho en esta superficie.
Debido a su peligrosidad, la Junta de Extremadura, de la que depende este organismo, ha tomado la determinación de encargar de forma subsidiaria la redacción del proyecto de la obra. Recuerda que la actuación compete exclusivamente a los propietarios del terreno en el que se encuentran las oquedades o, en su defecto, a la empresa que realizó las perforaciones. Para llevar a cabo los trabajos, y «con el fin de obtener las autorizaciones correspondientes para ejecutar las obras», añade Minas, ha sido necesario localizar a los dueños. Son varios, y han logrado contactar con todos salvo con uno, según indican las mismas fuentes.
La plataforma Salvemos la Montaña ya denunció hace ahora cinco meses a la Dirección General de Minas y al Ayuntamiento de Cáceres la peligrosidad que presentan estos pozos. En ese momento el consistorio ordenó acordonar la zona pero, a día de hoy, las perforaciones continúan sin protección alguna; con el añadido de que las protecciones que el ayuntamiento colocó para su precinto (se acordonó la zona con tiras de plástico) se han deteriorado. Preguntado por este asunto, el consistorio cacereño insistió ayer en que la competencia de proteger estas perforaciones es de la Junta de Extremadura. El colectivo exige que se cierren de manera urgente.
«¿cuánto hay que esperar?» / «La pregunta es si tenemos que esperar a que haya alguna muerte para que se tomen medidas», señala uno de los portavoces de la plataforma, Santiago Márquez. Piden que se realice un cerramiento de urgencia con hormingón, para proteger que cualquier persona o animal pueda caer dentro ellos. Dicho cerramiento deberá, no obstante, respetar ciertas aberturas para «permitir que los murciélagos que hay allí puedan entrar y salir» de los pozos, añade el portavoz Santiago Márquez.
La denuncia presentada por el colectivo venía avalada por un informe de la Fiscalía de Medio Ambiente, de agosto del 2018, en el que alertaba «del riesgo que supone la existencia de antiguos pozos mineros con deficiencias en cuanto a la seguridad de las personas y animales que deben ser subsanadas de modo inmediato». El Ministerio Público remitió además a Minas un documento en el que le advertía de la presencia de dichas perforaciones y «del peligro potencial» que suponen «para personas y animales, con cerramiento deficiente, sin oclusión superior, con lo que existe un peligro latente dada la profundidad de los pozos», decía exactamente la resolución del fiscal.
Precisamente el Ministerio Público pudo comprobar esta situación debido a las investigaciones que llevó a cabo en la zona el Seprona para analizar si en los sondeos que estaba realizando la empresa Tecnología Extremeña de Litio (TEL) en esta mina había indicios de delito. Concluyó que los trabajos eran legales.
