La Junta es propietaria de 1.031 viviendas de promoción pública en Cáceres. Los desalojos que afectan a inquilinos u ocupantes de estos pisos es uno de los asuntos a abordar en la mesa de trabajo creada recientemente tras la presentación el 25 de enero de un protocolo de actuación ante los desahucios en el que participan, entre otros, la administración autonómica y asociaciones. Para informar de los resultados de las reuniones de la mesa celebradas que afectan a Cáceres, la secretaria general de Vivienda de la Junta, María Isabel Moreno, se entrevistó ayer con representantes de los cuatro grupos políticos del ayuntamiento. Uno de los datos que se puso sobre la mesa es que hay 230 expedientes de desalojo que están parados hasta que se analicen en la mesa de trabajo, que entre sus objetivos tiene aumentar las garantías de que no se echa de una vivienda de promoción pública a familias sin recursos o en una situación de exclusión social.

Todos son casos en los que los inquilinos o quienes ocupan las casas no pagan. Antes de dar el paso de proceder al desalojo se analizará cada caso en la mesa de trabajo. Se separarán las situaciones en las que se demuestre que no se puede afrontar el alquiler, en este caso la reducción de la renta a abonar puede llegar al 100%, de otras en las que se compruebe que se cuenta con recursos y no se abona el alquiler. "Si no se puede pagar, desahucio cero", recordó Moreno.

La Junta cuenta con pisos de promoción pública en Aldea Moret (667 de los 1.031) y repartidos en promociones por la ciudad (La Cañada, Nuevo Cáceres, Mejostilla, las calles México y Cristu Benditu y las avenidas de Dulcinea y de la Bondad). Hay unas 110 solicitudes para acceder a estos pisos, aunque hay peticionarios que precisan que no quieren que se le adjudique la vivienda en Aldea Moret.

Si hay 230 expedientes por impago que se paralizan, otros 12 siguen su tramitación y acabarán en un desalojo. En nueve de ellos se inició el trámite en la anterior legislatura y las causas de los desalojos son por ocupación ilegal y conducta asocial. La misma razón se repite en dos de los tres expedientes administrativos empezados en el presente mandato, el tercero es porque el piso está sin ocupar.

El gobierno local (PP) ya ha anunciado que no se unirá al protocolo de desahucio, ya lo adelantó el viernes y ayer por la tarde lo reiteró. El motivo que el día 12 dio su portavoz, Rafael Mateos, es que se trata de "una competencia de la Junta y no nos vamos a prestar a que se utilice al ayuntamiento en una materia tan delicada".

Moreno recordó ayer que "desde luego la decisión y la responsabilidad última es de la Junta" y añadió que el objetivo del protocolo es contar con las opiniones de otros colectivos y administraciones antes de que se tome una decisión y "hacer un ejercicio de transparencia" con el análisis en la mesa de cada una de las situaciones. "Hay algún grupo político de Cáceres que parece que está interesado en que no se mueva nada en Aldea Moret", añadió Moreno en alusión al PP. También precisó que la Policía Nacional "sí está colaborando" con la administración regional.

El portavoz del grupo municipal socialista, Luis Salaya, también criticó ayer la decisión del gobierno de no sumarse al protocolo. "Prefiere mirar hacia otro lado", apuntó. Salaya recordó que la mesa y el protocolo son una ocasión para abordar uno de los principales problemas que tiene Aldea Moret, donde "hay vecinos que quieren vivir en paz, mientras que otros no quieren que haya luz en el rellano porque se espanta a los clientes".

El portavoz del PSOE recordó que en Aldea Moret, donde se concentra el mayor número de pisos de promoción pública, "se tiene que distinguir entre los vecinos a los que hay que ayudar y a los que habrá que echar" por conductas asociales "que hacen la vida imposible al resto". Salaya, cuyo grupo municipal presenta hoy una moción para que el ayuntamiento se adhiera al protocolo, lamentó que el gobierno no esté de acuerdo y no quiera entender lo que supone.