El concejal de Seguridad Ciudadana de Cáceres entre los años 2007-2011, Carlos Jurado, ha declarado hoy que cuando llegó al Gobierno local tomó medidas para acabar con el problema del ruido en La Madrila y ha subrayado que, "si hubiera tenido miedo, no habría hecho nada como los de antes".

En la segunda jornada del juicio, el exedil ha defendido que se encontró con "una situación heredada que intentó resolver" y al igual que hizo ayer la exalcaldesa Carmen HerasCarmen Heras, ambos acusados de prevaricación, ha indicado que "firmaba lo que le pasaban los técnicos" y que "no tenía intención de parar los expedientes".

Ante la insistencia de la fiscal de por qué no se interesó en leer los expedientes de las numerosas denuncias que se acumulaban al menos desde el 2004, ha respondido que "ese no era su cometido" y que la instrucción era labor de los técnicos.

En concreto, como hiciera ayer Heras, ha apuntado a preguntas de su abogado, Emilio Cortés, a un técnico de la Policía Local que fue desplazado para hacerse cargo de los expedientes, porque según ha indicado Jurado, "eran muchos".

Cuando le llegaban a él, ha señalado, ya se había hecho la instrucción y mandado hacer mediciones si era necesario y él "sólo firmaba la propuesta de sanción si era el caso".

Unas mediciones que ha puesto en entredicho por "defectos" del sonómetro y "la falta de cualificación de los agentes" para llevarlas a cabo.

Además, ha sembrado la duda sobre las mediciones de la Guardia Civil, al apuntar que técnicos municipales le dijeron que "eran descabelladas".

"He vivido en la calle doctor Fleming y conocía la problemática y desde el principio empezamos a trabajar en ella, pero no podemos resolver en cuatro años lo que viene desde hace 30", ha aseverado.

Asimismo, ha tenido oportunidad de exponer las medidas que tomó como responsable de Seguridad Ciudadana y parte del equipo de Heras, como fue cortar al tráfico la calle Santa Teresa, iluminar las zonas oscuras para evitar el botellón o aprobar una nueva ordenanza que endurecía la concesión de licencias y las multas por incumplir el horario de cierre.

Por su parte, los letrados de las defensas de los hosteleros se han centrado en preguntas que llevaban a apuntar que el problema del ruido, más que en los locales, estaba en la gente que estaba en la calle.

"La ley antitabaco sacó a cientos de personas de los bares a la calle y los primeros meses fue una caos", ha indicado Jurado, al tiempo que ha añadido: "Yo no podía hacer nada por educar a la gente que gritaba en la calle".

Jurado se enfrenta a un delito de prevaricación por el cual la Fiscalía solicita la pena de un año y nueve meses de prisión y diez años de inhabilitación para cargo público.

Responsable del local Submarino

En la sesión de hoy también ha declarado el responsable del local Submarino desde el año 2009, quien ha negado que conociese las denuncias de los vecinos por ruido o el malestar de los mismos.

La primera noticia que tuvo, ha indicado, fue cuando la Policía Local le llamó para comunicarle en marzo del 2012 la clausura del local, momento a partir del cual se interesó por actualizar el limitador de sonido y realizar un estudio de insonorización.

El empresario ha defendido que obtuvo el traspaso a finales de 2009 y que "nadie le comunicó que no podía poner música porque de otra forma no lo hubiese adquirido por 36.000 euros".

El juicio se volverá a reanudar el próximo lunes, día 25, y continuará con las declaraciones del resto de hosteleros, once, acusados en esta causa.