Ciertas prácticas de las agencias inmobiliarias están bajo sospecha, en el punto de mira de la justicia. Se trata de prácticas, "a todas luces irregulares", según fuentes jurídicas, y que están motivando un alto incremento de procesos judiciales.
Esta actuaciones se centran, principalmente, en el cobro de ciertas cantidades por parte de estos agentes intermediarios bien al vendedor o bien al comprador, "que se estima es, si no ilegal, si al menos irregular".
Ante este hecho, que incluso algunos agentes de la propiedad inmobiliaria reconocen se ha convertido en una práctica muy habitual, "son muchos los que lo hacen", desde los más diferentes estamentos judiciales se advierte que con ello "pueden estar cometiendo un delito".
Así lo indicaron a EL PERIODICO distintos jueces y fiscales consultados, que al mismo tiempo hicieron constar una advertencia a las inmobiliarias y sus responsables. Les advirtieron, en concreto, que ciertos cobros de los que algunas inmobiliarias realizan, y que se saben son irregulares, pueden ser constitutivos de delitos y, por tanto, castigados incluso con penas de prisión. Y es que quedarse con ciertas cantidades por una operación de compraventa que no sea el correspondiente porcentaje de comisión acordado por el precio de la venta puede suponer la comisión de un delito de apropiación indebida, estafa, delito contra el patrimonio... que, aunque no llegue a denunciarse, puede perseguirse de oficio por el Ministerio Fiscal y suponerle a su autor enfrentarse a un juicio e, incluso, a la cárcel.
YA HAY CASOS Los procesos judiciales contra inmobiliarias por este tipo de actuaciones son cada vez más frecuentes. El último se ha producido recientemente. El cobrar una cantidad indebida en una operación de compraventa de un inmueble le ha costado a una inmobiliaria tener que pagar casi 19.000 euros y la posible apertura de un proceso penal. Y es que, según consta en la sentencia de la Audiencia Provincial, "el intermediario (la inmobiliaria), sin conocimiento ni consentimiento del comprador y de los vendedores, retuvo para sí y en su propio beneficio una parte del precio de la compraventa".
Se trata de la Inmobiliaria Fernández, y el hecho por el que su representante legal ha sido condenado ocurrió en el 2003. Un matrimonio le encomendó la intermediación para la venta de una vivienda, un trastero y una plaza de garaje, situada en la calle Gredos, "y por su venta retuvo a su favor, en su beneficio y con absoluto desconocimiento de los vendedores, 24.040 euros correspondientes al precio de la venta y no en concepto de honorarios por su intermediación en la citada compraventa".
Los perjudicados le demandaron y, con fecha 6 de febrero pasado, el Juzgado número 6 de Cáceres dictó sentencia condenándole a abonar a los vendedores 18.907,70 euros. La inmobiliaria recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial, que la ha ratificado y, además, informado del caso al Ministerio Fiscal.
Para la Audiencia, y así lo recoge en su sentencia, ha resultado probado que el demandado (Inmobiliaria Fernández) "convino dos precios distintos para la venta del mismo inmueble: uno con los vendedores, el día 24 de octubre del 2003, en la cantidad de 147.248 euros; y otro con el comprador dos días antes, concretamente el 22 de octubre, en 171.288". Y asimismo, que finalmente los vendedores recibieron por la venta 147.248 euros, mientras que el comprador abonó por la adquisición 171.277 euros, "por lo que es forzoso reconocer, porque no existe otra explicación racionalmente lógica, que la diferencia entre ambos importes, es decir 24.040 euros, la retuvo el mediador demandado en su propio provecho y beneficio, como parte del precio de la venta y con desconocimiento tanto de los vendedores como del comprador".
La Audiencia considera esta actuación "de suma gravedad" y por ello, "y ante la posibilidad de que la misma pudiera revestir la apariencia de un delito contra el patrimonio, perseguible de oficio", además de ratificar la condena del Juzgado, el pago de casi 19.000 euros, resuelve en su sentencia remitir los autos al Ministerio Fiscal "por si hubiera lugar al ejercicio de la acción penal". Según ha podido saber este diario, parece ser que la Fiscalía actuará contra la inmobiliaria, la acusará de cometer un delito.
