El Juzgado de Instrucción número 2, encargado de la investigación del presunto caso de corrupción detectado en la Jefatura Provincial de Tráfico en Cáceres, y en el que están imputados tres funcionarios de este organismo y el responsable de una oficina de seguros, ha advertido irregularidades en medio centenar de expedientes de sanciones.
Así lo confirmaron ayer a EL PERIODICO fuentes jurídicas cercanas al caso, que concretaron que de la investigación realizada hasta la fecha se aprecian ya presuntas irregularidades en más de 50 expedientes, "y la Guardia Civil continúa investigando porque no se descarta que aparezcan más", añadieron.
Precisamente la sospecha de alguna manipulación de expedientes sancionadores, y la posible implicación en ello de algún funcionario, es lo que hizo que hace aproximadamente un año el anterior jefe provincial de Tráfico, Antonio Carrasco, denunciara el hecho ante la Policía Judicial de la Guardia Civil.
La manipulación de los expedientes sancionadores, con el fin de evitar multas a ciertas personas, habría consistido en la inclusión en éstos de recursos de alegaciones que no figuraban en los registros informáticos y que tenían un sello con ligeras diferencias al usado en la jefatura.
Esto es algo que también trata de esclarecer el juzgado, "al encaminar parte de la investigación al estudio de los mecanismos de funcionamiento interno de la jefatura para tratar de determinar aquellos de los que podrían derivarse los hechos delictivos que se intentan esclarecer".
FARRAGOSO PROCESO La investigación judicial del presunto caso de corrupción detectado en la Jefatura de Tráfico se inició hace algo más de un mes, y aún se prevé que se prolongará dos o tres más, como mínimo. "Se trata de una investigación muy farragosa, y con muchísima documentación, que va a requerir bastante trabajo", reconocieron fuentes jurídicas cercanas al caso. Estas añadieron, no obstante, que la previsión del juez que instruye la causa es concluirla en enero o febrero próximo, "siempre que no se detecten más irregularidades", advirtieron.
Al margen de los cuatro imputados en la causa --el responsable de una gestoría de seguros y los funcionarios J. C. V., jefe de Sanciones y Asuntos Jurídicos de la jefatura; F. N., coordinador de Seguridad Vial; y M. L., empleada de la escala de conductores subalternos-- por el juzgado han pasado ya más de 30 testigos.
La mayoría de ellos, aproximadamente unos 20, son personas implicadas en los expedientes en los que se han detectado irregularidades, y el resto son funcionarios. "A través de la declaración de estos testigos, y de otros muchos a los que el titular del juzgado tiene aún previsto llamar a declarar, así como de las pruebas que se están recabando, lo que se trata es de determinar qué relación pudieron tener los imputados con los expedientes en los que se han detectado irregularidades, la relación real de cada uno de ellos con éstos y si se puede descartar a alguno de la comisión de los delitos de falsedad, cohecho, prevaricación y estafa que se imputan".
