El juez Santiago Senent, magistrado del juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, cuantifica en 7.911.351 euros la deuda que el ayuntamiento cacereño mantiene con Autobuses Urbanos del Sur (Busursa), anterior gestora del servicio de autobuses urbanos. Esta empresa, que está en concurso de acreedores, formó parte del conglomerado empresarial propiedad del ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. El juez hace esta cuantificación en una sentencia del 28 de febrero en la que se estima parcialmente la demanda que interpuso el ayuntamiento cacereño.

En el inventario del concurso de acreedores que detallaba los créditos a favor de Busursa aparecía una deuda del ayuntamiento cacereño con esta empresa de autobuses de 8.111.351 euros. El ayuntamiento interpuso una demanda en la que se argumentaba que dicho débito era menor y debían quitarse 1.384.546 euros.

En otra de las consideraciones de su demanda, el ayuntamiento aseguraba que debía estar en el listado del concurso como acreedor de Busursa, a la que reclama 1.017.432 euros de la pérdida de las subvenciones de 2009 y 2010 que el Ministerio de Hacienda da a los ayuntamientos para el déficit del transporte público.

Pero el magistrado solamente admite una parte de las reclamaciones presentadas por el consistorio, únicamente acepta una de sus alegaciones. Esto solo reduce en 200.000 euros la deuda y deja su importe en 7.911.351 euros.

En cuanto a la reclamación del ayuntamiento de que debe aparecer entre los acreedores al responsabilizar a Busursa de la pérdida de 1.017.432 euros, Santiago Senent afirma que no consta "expediente ni procedimiento de reclamación" en el que se haya fijado tal cantidad en concepto de daños y perjuicios, motivo por el que concluye que "tal cantidad no puede considerarse litigiosa" y que se limita a una "mera manifestación" realizada por el ayuntamiento, "por lo que debe desestimarse", asegura.

CONVENIO Busursa gestionó el servicio de transporte urbano de Cáceres hasta 2011. El ayuntamiento negoció su salida y la entrada de Subus, la actual concesionaria. Los problemas de liquidez que entonces arrastraba Busursa habían provocado retrasos en el abono de nóminas a los trabajadores. Ante el riesgo de que el servicio no se pudiese prestar, el ayuntamiento optó por que se produjera un relevo en la concesión de los autobuses (Subus se subrogó en el contrato que tenía Busursa desde el año 1999).

La marcha de Busursa se produjo tras la firma, en enero del año 2011, de un convenio entre el ayuntamiento y la empresa en el que se cuantificó la deuda que hasta esa fecha tenía el ayuntamiento con Busursa y se fijó un calendario de pago. Este débito se cifró en 8.111.351 euros y correspondía al periodo de 2007 a 2010. Dos años antes se había pagado otra parte de la deuda de ejercicios anteriores al 2008 con los créditos que el consistorio contrató en julio de 2009.

Según el calendario de pago, casi la mitad de la deuda se iba a pagar en el momento que el consistorio cobrase el canon del agua, que Acciona, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, abonó en enero de 2012. El primer pago iba a ser de 3.744.937 euros. Pero cuando se cobró el canon, el gobierno local acordó solicitar informes a la secretaría general y a la intervención del ayuntamiento sobre el grado de vinculación de este convenio. Este primer plazo no se cumplió, ni los siguientes, que vencían en diciembre de 2011 y 2012. Busursa llegó a presentar una reclamación para su pago.

En la sentencia se recuerda que en un principio el ayuntamiento había negado valor alguno al convenio por el que se reconocía la deuda a favor de Busursa, pero "en el acto de la vista se le reconoció su valor por la defensa de la demandante --el consistorio-- y por el testigo, el interventor" del ayuntamiento.

El juez añade que la cantidad que el ayuntamiento pide que se reste de la deuda corresponde en su mayor parte a conceptos de fechas anteriores a la firma del convenio, en enero de 2011, acuerdo cuya fin era "liquidar y compensar las cantidades recíprocamente adeudadas", recuerda la sentencia, por lo que solo se reconoce una de las alegaciones, que rebaja en 200.000 euros el débito, y no el recorte pedido por el consistorio de 1.384.546 euros.