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LA FISCALÍA Y LA ACUSACIÓN PARTICULAR son partidarias de que los condenados por los ruidos de la madrila estén libres

El juzgado permite que los hosteleros no entren por el momento en la cárcel

Accede a la petición de seis de los empresarios para que se suspenda la pena hasta resolver los indultos. También pidieron la supresión de la condena Carmen Heras y Carlos Jurado, pero no la ha concedido aún

 

Una imagen de archivo de la celebración del juicio por los ruidos de La Madrila, que tuvo lugar en septiembre del año 2017. - FRANCIS VILLEGAS

SIRA RUMBO caceres@extremadura.elperiodico.com CÁCERES
16/02/2019

Será el Gobierno el que decida si los hosteleros de La Madrila entran o no en prisión por el caso de los ruidos. El Juzgado de lo Penal Número 2 accede a la petición de los empresarios de suspender la pena de prisión mientras el Ejecutivo resuelve los indultos que han presentado. Ayer notificó esta decisión a seis de los condenados, los gestores de Barroco, Submarino, Latino’s, Down, Maquiavelo y Tacones (en estos dos últimos locales está condenado otro de los gestores de ambos, pero no se ha pronunciado aún con respecto a ellos). La próxima semana se prevé que llegue el resto de las resoluciones. Son once los hosteleros condenados en esta causa y la juez está comunicando dichas notificaciones de manera individual.

«Se accede a la suspensión del cumplimiento de la sentencia ejecutoria planteada con ocasión de la petición de indulto realizado. Todo ello mientras se tramita el expediente de indulto y hasta que recaiga la decisión correspondiente sobre dicha petición», dice exactamente la resolución a la que ha tenido acceso este diario. «De momento han aceptado lo que pedimos, que es suspender cautelarmente la pena, ahora solo falta que el Gobierno resuelva», afirmaron ayer los abogados de algunos de los hosteleros: Ángel Luis Aparicio, que defiende a los de Barroco, Maquiavelo y Submarino, y Lydia Fernández, que representa al de Latino’s.

Estos seis hosteleros fueron los únicos que recibieron la buena noticia, aunque para el resto supone también una esperanza. Confían en que la juez dé una tregua y permita que estén en libertad hasta que se resuelve la petición de los indultos. Los once están prácticamente en la misma situación, salvo dos que tienen antecedentes penales y uno que no ha hecho frente a la responsabilidad civil por carecer de fondos.

POLÍTICOS / También solicitaron la suspensión de la condena la exalcaldesa, Carmen Heras, y el exconcejal, Carlos Jurado, condenados a un año y nueve meses de prisión por un delito de prevaricación medioambiental. Por el momento la titular del juzgado de lo penal tampoco ha resuelto la petición de los dos políticos, según confirmó ayer a este diario su abogado, Emilio Cortés.

La titular del juzgado de lo penal ha escuchado también al resto de las partes implicadas en el procedimiento. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular (que representa a la Asociación Cacereños contra el Ruido, colectivo que puso la querella contra los ahora condenados) se han mostrado partidarios de que se les permita no entrar en prisión hasta que se resuelvan los indultos. La parte que defiende a los vecinos supeditaba dicha postura a que los hosteleros hubieran pagado las indemnizaciones (ascienden a unos 100.000 euros y las han pagado todos salvo uno), las multas y las costas del juicio.

La mayor parte ha abonado también las multas, aunque muchos han solicitado un pago aplazado para poder hacer frente a ellas. Lo que no se ha pagado aún son las costas del procedimiento, que han sido estimadas en casi 61.000 euros (52.000 euros costó a los vecinos la defensa y 9.000 euros los servicios prestados por el procurador).

SÍ ESTÁN INHABILITADOS / Por otro lado, la parte de la condena que sí debe ejecutarse es la relativa a las inhabilitaciones. Dicha condena les fue notificada el pasado 10 de enero a todos los hosteleros. De los once que han sido condenados, dos no podrán dedicarse a la hostelería durante un año y nueve meses; seis, un año y medio y dos, un año. Al menos cuatro de ellos continúa dedicándose a la hostelería, su principal fuente de ingresos; por lo que han tenido que cambiar la titularidad de sus empresas y dejar de trabajar en sus negocios. También están inhabilitados la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal Carlos Jurado. En ambos casos no podrán tener cargo o empleo público durante ocho años y medio, según el fallo.

   
5 Comentarios
05

Por valcorchero 20:00 - 16.02.2019

Son delincuentes y deben responder ante la justicia. Unos años en prision le vendra muy bien para quitarles la chuleria de un plumazo.

04

Por Ver para creer 19:30 - 16.02.2019

¿Dónde está la justicia?

03

Por GermánAreta 12:11 - 16.02.2019

Una buena noticia para las victimas

02

Por Arra23 10:45 - 16.02.2019

Dejan libres a violadores, asesinos..... Y mandan a prisión por exceso de ruido.

01

Por para más INRI 10:16 - 16.02.2019

No es por nada, pero cada día creo menos en la justicia.