El juzgado de instrucción número 4 ha cuantificado en 54.200 euros la fianza que el concejal José Joaquín Rumbo y la presidenta del colectivo vecinal de Santa Bárbara, Guadalupe Iglesias, deben pagar para asegurar la responsabilidad civil que se derive del proceso que se tramita contra los dos por un presunto delito de coacciones. El juez da un día de plazo para que Iglesias y Rumbo aporten los 54.200 euros y convierte al ayuntamiento en responsable civil subsidiario. Ayer por la mañana, el auto del juzgado de instrucción aún no se había notificado al edil.

El juez también acuerda en su resolución la apertura del juicio oral de un proceso que se fundamenta en el escrito que el concejal remitió a Iberdrola para dar de baja el suministro de energía eléctrica de la sede vecinal. Una decisión que Rumbo recordó ayer que se adoptó ante una petición de Iglesias. El corte de luz afectó al negocio de Pascual Pardo, quien con su esposa regentaba el bar de la sede vecinal y que denunció este hecho al juzgado.

La causa del corte en el suministro estuvo en las divergencias habidas en el 2002 entre la asociación y Pardo, que tenían un contrato de arrendamiento del bar de la sede. La asociación se dirigió a Rumbo, que era el concejal de distrito de Aldea Moret, para que se cambiase la titularidad del contador y que se pasase a nombre del colectivo, ya que el empresario no pagaba la luz y los recibos se estaban remitiendo a una cuenta de la asociación sin que se pudiera dar de baja el suministro, ya que la titularidad del contador era del consistorio.

La fiscalía estimó, en el procedimiento previo al auto del juzgado, que el concejal remitió el escrito a Iberdrola a instancia de la presidenta vecinal y después de que se solicitase sin éxito al empresario que dejara la sede. La fiscalía consideró que hay un delito de coacciones y propuso la imposición de una multa de 5.475 euros al concejal y la misma cantidad para la presidenta de la asociación de vecinos.

INDEMNIZACION Ahora el juzgado de instrucción requiere a ambos, y antes del inicio del juicio oral, la entrega de una fianza de 54.200 euros, cantidad parecida a la pedida por la acusación particular en concepto de indemnización por los daños materiales y morales ocasionados al matrimonio que regentaba el bar.

Este caso podría no llegar al juicio oral, ya que la acusación particular ha mostrado su disposición a desistir de la acción penal si se logra un acuerdo sobre la base de la fianza decidida por el juzgado más los gastos originados por el proceso y los intereses legales. La acusación particular solicitó en su escrito de acusaciones contra el concejal la imposición de un delito de coacciones en concurso con el de prevaricación y la pena de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público.