La Junta de Extremadura pide aplazar la declaración de la directora de la residencia El Cuartillo, que estaba prevista para hoy miércoles. El Ejecutivo autonómico, responsable del centro al ser de titularidad pública, solicitó a última hora de ayer al juzgado a través de su abogado más tiempo para poder estudiar la documentación. El juez ha estimado su demanda y ha decidido posponer la cita, para la que aún no se ha concretado fecha.

Se trata del centro más afectado por el coronavirus de toda la región, con 75 muertos (cifras oficiales) durante la primera ola. Fueron precisamente familiares de los fallecidos los que interpusieron, el pasado mes de julio, una querella contra este geriátrico por los hechos ocurridos, a través del despacho Pita & Broncano. Creen que pueden ser constitutivos de un homicidio imprudente. Este diario preguntó ayer a la Junta sobre la solicitud del aplazamiento, pero no recibió respuesta.

El juzgado que investiga la causa la admitió a trámite en agosto. Solicitó al Ejecutivo autonómico los partes de defunción de los familiares fallecidos de los querellantes, así como los protocolos que se han seguido desde el inicio de la crisis. Y citó a declarar a la directora en calidad de investigada. En la comparecencia, que debía haberse celebrado en el día de hoy, estaba previsto que explicara, entre otras cosas, el proceder de esta residencia desde el mes de marzo.

La Asistida es el centro con mayor capacidad de la región. En el mes de marzo tenía 307 residentes y se llegó a infectar un 80%, además de muchos de sus trabajadores. Falleció un tercio de los usuarios. Los familiares, que crearon una asociación de damnificados al considerar que lo ocurrido fue consecuencia de errores en la organización, quieren respuestas a estos hechos. «Queremos respuestas de por qué no se les trasladó a los hospitales o por qué no se sacó de allí a los sanos, y sobre todo, cuántas personas han muerto realmente», afirma el presidente del colectivo, Javier García, que insiste en que la querella es contra la dirección, no contra los trabajadores del centro. En estos momentos la residencia está libre de covid, en cambio, siguen registrándose fallecimientos entre sus residentes, que los familiares acusan al covid y a las secuelas que ha dejado en los mayores, tanto en los que lo han sufrido como en los que no.

La Fiscalía abrió también una investigación penal en el mes de abril para conocer si existía una situación de riesgo para la salud o la vida de los residentes o de los trabajadores por falta de medidas frente al coronavirus, y si ha podido darse un posible delito de abandono de los mayores. Incoó diligencias en otros centros residenciales de la provincia pero en todos archivó las causas al no observar indicios de delito. En la Asistida, en cambio, la investigación se mantuvo abierta hasta que los familiares presentaron la querella.