La Audiencia Provincial enjuició ayer los enfrentamientos e incidentes que se vivieron en el Ayuntamiento Alcollarín en el verano del 2003, de los que fueron protagonistas el entonces alcalde, el socialista Adrián Rodríguez, y los tres concejales del PP. Aquellos enfrentamientos concluyeron con una demanda en los tribunales contra el alcalde por encerrar presuntamente a los representantes de la oposición e impedir reiteradamente el ejercicio de sus funciones.
Adrián Rodríguez, hoy exalcalde y concejal del PSOE en la oposición, está imputado por un delito contra los derechos cívicos individuales y coacciones, según el ministerio fiscal, aunque la acusación particular le imputa además un delito de prevaricación y otro de detención ilegal. Estas acusaciones pueden suponer para el edil desde la prisión --ya que la acusación particular pide una pena acumulada de 13 años por la detención ilegal--, la inhabilitación para ostentar cargo público durante dos años y medio y una multa de 10.800 euros, aunque el abogado de la defensa solicita su absolución.
LOS SUPUESTOS HECHOS Los hechos que se juzgaron ayer en una larga vista oral --casi seis horas con un receso de 45 minutos--, en la que declararon una docena de testigos, entre ellos el actual alcalde popular, Julián Calzas, que forma parte también de la acusación particular, ocurrieron entre el 16 de julio y el 13 de agosto del 2003.
Entre esas fechas, Adrián Rodríguez y los tres concejales del PP se enfrentaron en diversas ocasiones por la negativa del alcalde a facilitarles un despacho para ejercer sus funciones como le habían requerido por escrito.
Según la versión de la acusación, el alcalde no solo no facilitó el despacho, sino que colocó un candado en el salón de plenos y trató de impedir a estos ediles que presentaran escritos mandando a la secretaria municipal, la única funcionaria del consistorio, a su casa.
La gota que colmó el vaso de los ediles populares, según siempre su declaración, ocurrió con un intento de desalojo de las concejalas Demetria Búrdalo y Manuela Prado del ayuntamiento, para lo que el alcalde requirió la intervención de la Guardia Civil, y otro día, tras una nueva trifulca, que les dejó encerrados en el consistorio --una amenaza que supuestamente había verbalizado anteriormente--.
EL PP "MIENTE" Estos ediles aseguraron que estuvieron encerrados entre 15 y 20 minutos, aunque un guardia civil que acudió a socorrerles tras recibir su llamada testificó que llegó 5 o 10 minutos después de la llamada y que la puerta estaba abierta.
El imputado negó las acusaciones asegurando que estos ediles "mienten" y tachó de "disparate" su versión. Declaró que él no les encerró porque no tenía la llave del ayuntamiento, que no les habilitó inicialmente un despacho porque no había sitio y que cuando les facilitó usar la casa de cultura, a unos metros del consistorio, "nunca la utilizaron". "Solo querían echarme del ayuntamiento", dijo.
Para la fiscalía y la acusación particular, en el juicio se acreditaron los delitos por lo que mantuvieron su petición de penas. La defensa, sin embargo, aseguró que no existen pruebas incriminatorias contra el exalcalde. El juicio quedó visto para sentencia.
