Las quejas por la actuación de la Policía Local centraron ayer la cuarta sesión del juicio por los ruidos de La Madrila, en la que declararon los gestores de Maquiavelo, Latino’s y La Belle. El primero de ellos mantuvo la declaración de su hermano, con el que llevaba el negocio al 50% y que dio su testimonio el lunes. Gestionaban el local desde el año 1996, primero como café bar especial y después como café bar (decidieron acogerse a una categoría inferior porque el horario era más favorable, es decir la normativa les permitía abrir más horas). Fueron conscientes de dos denuncias de vecinos, una puesta en 2004 y otra en 2008; la primera no se resolvió hasta el año 2010, cuando se les sancionó con una multa de 15.000 euros, sin embargo el requerimiento de pago aún no lo han recibido por lo que no han satisfecho la sanción a día de hoy.
Después declaró el propietario de Latino’s, Sergio Tercero, local que regentaba desde el año 1996. Su licencia le obligaba a cerrar a las dos de la madrugada y le permitía abrir a las cuatro horas, es decir a partir de las seis de la mañana; lo mismo que hacían otros cinco bares de La Madrila (Submarino, Airbag, Rancho, Rita y Maquiavelo), de los que solo dos están siendo investigados en este proceso judicial. «No entiendo que no estén en este caso, igual que no entiendo que sigan poninendo música cuando el problema eran los ruidos por la música», insiste Sergio Tercero.
Recuerda que durante las noches de los fines de semana miles de personas se acumulaban en la plaza de Albatros, algo que se redujo, señala, con el cierre de la calle Santa Teresa al tráfico, pero «no del todo». Ayer aseguró que el problema era que la Policía Local no siempre estaba presente para vigilar a la gente que estaba en la calle. «No hacían un control exhaustivo, la policía sobre todo controlaba que se cumplieran los horarios», dijo. Y añadió que muchas veces el cierre al tráfico se efectuaba únicamente con vallas en puntos estratégicos, sin que estos estuvieran controlados por agentes. «Mucha gente, como no había policía, quitaba las vallas y pasaba con su coche, por eso el ruido no logró limitarse del todo».
LE PEDÍAN QUE ABRIERA ANTES / Testificó también que cuando se acumulaba una gran cantidad de personas en la plaza de Albatros la policía acudía a su local para pedirle que adelantara la hora de reapertura. «La policía solo venía para pedirme que abriera antes cuando había mucha gente en la calle, para evitar que se descontrolara el ruido», agregó. Tampoco estaba presente, según Tercero, la Policía Nacional, que solo acudía «cuando había alguna pelea o algún robo».
Quiso aclarar asimismo que cuando el Seprona llevó a cabo las mediciones de ruido en el año 2010 estas se hicieron con su local cerrado (se efectuaron a eso de las cuatro de la madrugada, hora en la que Latino’s debía tener sus puertas cerradas). Después, en marzo del 2012, la Audiencia ordenó clausurar el establecimiento y no permitió su reapertura hasta ocho meses después. Solo se le pidió, aseguró, instalar un limitador en el equipo de música ya que el bar «estaba perfectamente insonorizado». De hecho, añadió, las mediciones realizadas por la Junta arrojaron como resultado que no emitía ruidos por encima de lo permitido.
En octubre del 2012 recuperó la actividad pero la dejó catorce meses después ahogado por las deudas. «El bar estuvo cerrado ocho meses y fue la ruina absoluta», señaló Sergio Tercero. Durante ese tiempo tuvo que continuar pagando el alquiler, que ascendía a 4.200 euros al mes. No consiguió levantar el negocio.
no conocía las denuncias / El último en declarar ayer fue el que regentaba La Belle, Agustín Nieto (este establecimiento estaba situado en la calle Niza, en La Madrila Alta), desde 2007 y con licencia de café bar especial. Lo cogió mediante traspaso pero asegura que nunca nadie le comentó «si existía algún problema con los ruidos o denuncias de vecinos». Las denuncias que acumula son de diciembre del 2009, coincidiendo, explicó, con actividades que desarrollaba con motivo de la capitalidad cultural que Cáceres finalmente no consiguió. «La Junta y el ayuntamiento tenían un proyecto para que hubiera actividades culturales en la ciudad, hablaron con los hosteleros para utilizar nuestros locales, por lo que en ellos se programaban conciertos en acústico, lecturas dramatizadas, teatro,...», explicó. Los días que fue denunciado en su local se estaban llevando a cabo alguna de estas actividades, que contaban con el permiso de la administración regional. Aunque asegura que de estas protestas no fue consciente hasta que comenzó este proceso judicial.
Habló también de la acumulación de gente en esta zona de La Madrila, problema que se agravó cuando se cerró al tráfico la plaza de Albatros. «Se reunían en La Madrila Alta unas 1.500 personas. A raíz del corte en La Madrila Baja se incrementó el problema en La Madrila Alta pero aquí no se adoptaron medidas», señaló Nieto. Dejó el local en 2011.
La sesión continuará esta mañana con la declaración de los cuatro imputados que faltan por ofrecer su versión de los hechos. A partir del próximo martes comenzarán peritos y testigos.
