Días al raso y noches en una furgoneta. Ese es el hogar de Roberto y Remedios Hernández y de su hija de 2 años. Hace un mes que esta pareja entregó voluntariamente las llaves del piso que ocupaban ilegalmente en la calle Lucas Burgos de Aldea Moret, el bajo D del número 10, y desde entonces duermen en el coche o la furgoneta. Vivieron en el piso dos años, completamente gratis. Ahora se ven en la calle. "No tenemos otro sitio", aseguran.
Como ellos, otras 27 familias de Aldea Moret viven en circunstancias similares después de abandonar las casas de las que un buen día decidieron apropiarse, la mayoría con el método más empleado en el barrio: la patada en la puerta.
El miedo a los desalojos anunciados y ejecutados en parte por la Agencia Extremeña de la Vivienda y la esperanza de poder optar legalmente a un piso si no se les expulsaba a la fuerza, les ha empujado a todos a dar las llaves. La Administración regional ha conseguido recuperar 39 viviendas habitadas de forma irregular.
Hijos de El Carrucho
Gran parte de los afectados son los descendientes de aquellos realojados de El Carrucho en la década de los ochenta. Los hijos de esos chabolistas han crecido y ahora tienen sus propias familias. El miércoles, uno a uno contaba su caso tras una reunión celebrada en el templo evangelista del barrio para informar de la situación.
Jesús Vargas Silva pretendía entregar las llaves de su piso el viernes. Tiene cinco hijos, así es que los siete miembros de la familia se mudan a casa de los padres de él, donde ya residen otras 10 personas, según relata. Su historia es la siguiente: cuidó durante años a su tío inválido que era adjudicatario de la vivienda y, a su muerte, la familia se la traspasó a él con un contrato de la ley gitana. "Hemos cuidado los pisos", argumenta.
A Juan María Paredes, casado y con una niña de once meses, también le cedió el verano pasado la vivienda que ocupaba ilegalmente una pareja de payos que se trasladó a otro barrio. "He entregado las llaves por miedo a que me echen", confiesa. "Solicité las viviendas de La Mejostilla y Nuevo Cáceres --añade--, pero ni aparecía en las listas". Su madre les ha dado cobijo temporal en casa.
Con escasas variaciones, las situaciones son similares. La mayoría de los afectados han pasado de la ilegalidad a vivir hacinados. "En ocho o diez días esto debería estar resuelto", concluye el pastor de la iglesia Evangélica, Francisco Javier Paredes. Este recuerda la mala imagen que está dando una ciudad como Cáceres. "Vinieron a echarlos de repente y sin avisar --continúa el pastor--. Ellos esperaban una segunda reunión con la Junta para determinar unos plazos".
Las nuevas acciones emprendidas por la Junta para solucionar un problema enquistado del barrio despierta así sentimientos encontrados: están los que aplauden la medida, sobre todo las víctimas del desprecio por las normas demostrado por algunos inquilinos, y están los que ahora se sienten víctimas de esos desalojos porque, dicen, no tienen adónde ir.
"No se trata de cantar el pena, penita, pena , sino de someterse a las normas, como el resto de los vecinos. Tienen que comprender que hay unos derechos y unos deberes", dice contundente una responsable de la Agencia que ha lidiado con mucha de la picaresca y el victimismo de algunos ocupantes ilegales.
Situaciones asociales
Según este organismo, muchos de los inquilinos desahuciados tienen las casas como segundas residencias --viven habitualmente en otras ciudades--, otros han mantenido durante años "atemorizados" a los vecinos con conductas asociales y otros tienen recursos suficientes para asumir alquileres.
"A los gitanos no hay nadie en Cáceres que nos quieran alquilar pisos, unos por racismo y otros porque sin nómina no te hacen contrato", asegura el pastor evangelista. Para suscribir sus palabras, Israel Hernández confirma que a él no quisieron "ni enseñármela".
La iglesia Evangélica y la Fundación Secretariado Gitano --la mayoría de ocupantes ilegales son de esta etnia-- reclaman una solución urgente, de lo contrario se verán obligados a volver a las chabolas. "Nos hemos ofrecido a colaborar en todo con la administración. Las familias quieren saber qué va a pasar ahora, cuánto tiempo tendrán que esperar una casa", explica Antonio Molina, del Secretariado.
El martes se reunieron con la edil de Asuntos Sociales, Basilia Pizarro, para exponerle la situación y pedir un encuentro con la Junta. La técnico de la Agencia que ha coordinado los desalojos no estaba el viernes al tanto de estos contactos, pero sí matizaba una cuestión: "Los vecinos decentes no deben pagar un doble alquiler, el económico y el social".
