La presidenta del colectivo vecinal La Esperanza, a la que pertenecen los bloques en los que se efectúan los desalojos, señaló ayer que esta actuación se debería haber hecho "hace muchísimo tiempo" y que las administraciones, tanto el ayuntamiento como la Junta, habían "consentido" esta situación de ilegalidad en los pisos durante años. "Cada vez que se metía un ilegal, avisábamos a la policía y al ayuntamiento sin que nos hicieran caso", denunció. En su opinión, los desalojos podrán solucionar parte del problema --la apropiación de casas, los impagos de comunidades...--, pero no lo resuelven enteramente, ya que "estas personas ahora necesitan un sitio para vivir, no se van a quedar en la calle".
