Juanma Rodríguez es portavoz de la Coordinadora Ciudadana por la Libertad de Expresión, el colectivo que lidera las alegaciones presentadas contra la Ordenanza Municipal Reguladora de la Convivencia Ciudadana y de la Protección del Entorno Urbano, aprobada el 22 de noviembre por el pleno, con la unanimidad de los tres grupos políticos y que ahora está en fase de exposición pública.
Rodríguez lo tiene claro: "Esta ley es poco oportuna e ilegítima porque crea un clima de sospecha mutua, porque limita la pluralidad y la libertad individual, desde el anuncio del estudiante que busca un piso hasta el niño que pinta en las aceras para jugar a la rayuela".
La coordinadora inició sus acciones en diciembre y está formada por una docena de colectivos sociales, entre ellos Izquierda Unida, los sindicatos CNT y CGT, Ecologistas en Acción, Presos de Extremadura, Foro Social Otro Mundo es Posible, Machupinos, Seten... A todos ellos les mueve un mismo sentimiento: "La ordenanza crea desigualdad por razones económicas porque con ella sólo podrán celebrar actos públicos aquéllos que puedan pagarlos. Mientras que se da luz verde a un belén de arena en Cánovas porque una empresa tiene dinero para costearlo, se retira una mesa de información sobre la subida del autobús. Es decir, se equipara a las empresas con los colectivos sociales y eso no es justo", sentencia Rodríguez.
En este sentido recuerdan que el ayuntamiento pretende que pegar un cartel cueste 750 euros, que hacer un pasacalles o una concentración valga 3.000, que correr, cantar o gritar en la calle salga por 750 euros, el mismo dinero que le supondrá a un repartidor tirar un folleto al suelo.
Las medidas
Los líderes de la coordinadora no entienden la aplicación de esta ley en Cáceres, "una de las ciudades de España --apuntan-- con menor índice de altercados callejeros". Subrayan que introduce conceptos antijurídicos, como " el interés general de cada momento, ¿quién valora eso?". Rodríguez detalla algunas curiosidades: "Negarte a dar cierta información puede suponer una sanción, los comerciantes deben vigilar lo que ocurre a la entrada y salida de sus establecimientos y no se puede vomitar en la calle, cuando eso es un acto reflejo". Y concluye: "La prevención es la educación, no la sanción. Multarán por pegar carteles sin fianza, ¿pero qué pasa con las inmobiliarias, que inundan la parte antigua de carteles de se vende , por qué eso seguirá estando permitido?", se pregunta.
Los colectivos ciudadanos ya han iniciado una serie de medidas para evitar que la ley, tal como está actualmente redactada, salga adelante. A una pegada de carteles en diciembre, siguió la protesta en el pleno del pasado jueves. Además, el 24 de enero, en la Escuela de Idiomas se hará una presentación pública y habrá una mesa de debate. Igualmente, los miércoles por la mañana se pondrá una mesa informativa en el mercado franco, y por la tarde, en Cánovas. Las sedes de algunos de estos colectivos sociales lucirán pancartas en sus ventanas en contra de la ley.
Si las alegaciones no se tienen en cuenta, la coordinadora está dispuesta a reclamar tutela a los derechos constitucionales en el Tribunal Constitucional y ante el Defensor del Pueblo. La ordenanza se ha remitido a la Comisión de Denuncia de la Universidad de A Coruña.
Entre las alegaciones presentadas destacan las de Izquierda Unida, coalición que critica el artículo 9 de la norma, donde se hace referencia a la prohibición de colocar publicidad en la ciudad "sin ofrecer --dice el grupo municipal-- alternativa alguna para realizar publicidad en la ciudad, como pudieran ser unos paneles". Además, IU estima al igual que el resto de la coordinadora que muchos de los artículos incluidos en la ordenanza están regulados por otro tipo de normas ya existentes, entre ellas la de la Protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones.
Según la coordinadora, en la ordenanza "se echan de menos actividades y acciones penadas por la ley y claramente anticonstitucionales como son los ensalzamientos a figuras y políticas de ultraderecha, fascistas y del régimen dictatorial franquista, en especial las agresiones a locales y personas del movimiento social, político y sindical, que en nuestra ciudad pasaban desapercibidas hasta hace unos meses, pero que empiezan a surgir".
Los detalles de la norma
El ayuntamiento decidió hacer esta ordenanza para evitar usos indebidos y agresiones al mobiliario urbano, a los edificios y a las manifestaciones artísticas y monumentales. La norma estima que "con más frecuencia y asiduidad de las deseadas", los jardines, las fuentes, los parques, las fachadas, las señales de tráfico... sufren ataques.
El equipo de gobierno ha considerado que esta ordenanza es una herramienta "eficaz" para disminuir y llegar a eliminar los actos vandálicos. El ayuntamiento insiste en que nadie debe pagar por organizar un acto público y recuerda que la colocación de publicidad, de octavillas o la organización de actos públicos se penalizarán siempre que se desarrollen sin permiso.
