La Ley Básica de Cámaras de Comercio de España y la Ley de Cámaras de Extremadura contemplan la obligatoriedad de cobrar a las empresas una cuota, lo cual hace inviable en la práctica el compromiso electoral de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de suprimir esta factura si gana los comicios del próximo día 27 de abril, a los que concurre en alianza con la Federación Empresarial Placentina (FEP). FEP y UPTA gobiernan actualmente la Cámara de Cáceres después de aliarse tras las elecciones del 2002.

La Federación Empresarial Cacereña (FEC) y dos abogados consultados por este diario confirman que suprimir la cuota no es posible. La cámara de comercio, por su parte, no se ha pronunciado aún oficialmente sobre el asunto, aunque fuentes de la institución se manifiestan en este mismo sentido. EL PERIODICO ha intentado contactar telefónicamente desde el jueves con el secretario general de la UPTA, Luis Fernández Palomino, pero no ha respondido a las llamadas.

POSIBLE DELITO La FEC defiende, con la ley en la mano, que "las cámaras de comercio son corporaciones de derecho público de adscripción obligatoria" y que "están obligadas a recaudar" las cuotas, ya que es una de sus vías de financiación.

"La dejación de dichas funciones puede ser también constitutiva de delito", advierte.

Los letrados consultados por este diario coinciden en que la eliminación de la cuota cameral no es una decisión que puedan tomar por su cuenta los gestores de esta institución empresarial.

La patronal cacereña insta a la UPTA o a sus socios de la FEP a rectificar públicamente e ironiza al asegurar que quizá el colectivo desconozca la legislación "probablemente por su condición de sindicalistas" (en alusión a los vínculos de UPTA con UGT).

La UPTA aseguró en una rueda de prensa el pasado jueves que su objetivo al comprometerse a suprimir las cuotas era favorecer a los pequeños autónomos frente a las grandes empresas de la provincia. La FEC entiende que las Cámaras "están obligadas a defender los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, con lo que defender a unos pocos en detrimento de otros podría ser también constitutivo de delito".

La federación cacereña considera que lo anunciado por la UPTA, con la anuencia de la FEP, es "una barbaridad jurídica", fruto de un "ansia electoralista", comparable a "si un partido político prometiera no cobrar ningún impuesto". "¿Cómo se mantendría el Estado?", añade.

En un tono más electoralista, la FEC hace una reflexión: "Si ese era el deseo de la UPTA y la FEP --el de eliminar las cuotas--: ¿por qué han cobrado las cuotas en los cuatro años que llevan gobernando la cámara? ¿por qué han embargado cuentas de empresarios para el pago de las cuotas?".

MAS SERIEDAD Por último, reclama "seriedad en su programa electoral" con el fin de que contenga propuestas "que aunque puedan ser descabelladas, sean al menos legales".

Según los últimos datos dados a conocer por la Cámara, relativos al 2005, de las 18.000 sociedades mercantiles y autónomos que pagan loa cuota cameral en la provincia de Cáceres, aproximadamente el 80% suelen cumplir con sus obligaciones de pago en el plazo voluntario. El 20% restante abonan la cuota tras una tercera advertencia, una providencia de apremio o en vía ejecutiva.