Medio centenar de participantes estaban ayer por la tarde en una concentración en la plaza de Malpartida de Cáceres. Se pedía la dimisión de Alfredo Aguilera de sus cargos de alcalde y diputado provincial. Pero también se organizó para contrarrestar los actos de apoyo a Aguilera que se han celebrado en el mismo escenario, el último el pasado sábado. «No debemos dejar pasar el momento de protestar y decir que no se puede socializar el maltrato», afirmaba ayer por la tarde Rosa Mogollón, una de las convocantes e integrantes de la concentración, antes de procederse a la lectura de un manifiesto.

En su texto quedaba claro desde su primera línea que el objeto de la concentración de ayer era denunciar «el doble maltrato que una mujer malpartideña está sufriendo, primero por el maltrato al que la sometió su pareja y segundo por el maltrato social al que la someten quienes se organizan para apoyar al maltratador».

Alfredo Aguilera «tiene sus derechos y nosotros el nuestro de apoyarle», explicaba ayer por la mañana Ana María González, miembro de una plataforma de malpartideños que se ha creado porque están «cansados de guardar silencio ante el escarnio público que se está llevando a cabo contra nuestro vecino y alcalde y contra nuestro pueblo», según el comunicado difundido por este colectivo.

González participó la tarde del sábado en otra concentración, celebrada en la plaza, en la que se leyó otro manifiesto y en la que los participantes defendían «el ejercicio libre de nuestra libertad de expresión en apoyo de Alfredo Aguilera» y el derecho «a la presunta inocencia de todos los españoles» ya que la sentencia contra el alcalde no es firme.

En el encuentro de ayer por la tarde se rebatía este argumento y se afirmaba que quienes organizan y participan en actos en defensa del alcalde «no pueden alegar el derecho a la libertad de expresión para incrementar la angustia, la soledad y el desamparo de quien es la víctima, eso no es libertad de expresión, eso es infundir terror a las mujeres», según se recoge en el manifiesto leído por Raquel Hernández.

La sentencia contra Aguilera se conoció hace menos de un mes. En la misma, que dictó el juzgado de lo Penal, se condenó al alcalde a nueve meses de prisión por un delito de maltrato contra su exmujer. También le consideró culpable de un delito leve continuado de vejaciones injustas, por el que le condenó a 20 días de localización permanente y le impuso además una orden de alejamiento de dos años y medio. Esta sentencia está recurrida ante la Audiencia Provincial.

Es esa falta de firmeza de la resolución judicial uno de los argumentos de los partidarios del alcalde para hacer públicas sus manifestaciones de apoyo; otro motivo, leído el sábado en el manifiesto, es que se pare «el acoso mediático y personal contra Aguilera, que a día de hoy es inocente, pues la presunción de inocencia se mantiene hasta que haya una sentencia firme». «Se está llegando a límites extremos por una cuestión política», añadía ayer González.

En la concentración de ayer se reconocía que la sentencia no es firme y que Aguilera «tiene todo el derecho a defender su inocencia», pero a continuación se recordaba que «de momento la realidad es la que es -con una sentencia en su contra por maltrato-» y que Aguilera ostenta unos cargos públicos que exigen «un plus de honestidad y ética», motivo por el que ayer por la tarde se pedía al PP -partido al que pertenecía Aguilera y del que se ha dado de baja- que ayude a apartar al alcalde de su cargo con su respaldo a una moción de censura contra el regidor. A la concentración de ayer seguirán otras acciones, adelantó ayer Mogollón.

Al menos cuarenta ciudadanos y vecinos de Malpartida han sido denunciados «por una de las partes, simplemente por ejercer nuestra libertad de expresión --en redes sociales- y manifestar públicamente nuestro apoyo a Alfredo Aguilera (...) somos muchos los que tenemos miedo a apoyarle públicamente por temor a nuevas denuncias y de eso no se dice nada», según se precisa en el comunicado de la plataforma. Ya se han celebrado actos de conciliación en el juzgado, explicó ayer González.