Fue la llamada de teléfono de un trabajador de la Junta en el Centro de Acogida de Menores Julián Murillo la que alertó la administración regional de supuestos malos tratos a los menores por parte de algunos trabajadores del centro que dependen de la diputación. Según ha podido saber este diario, esa comunicación se produjo a mediados de la semana pasada --el miércoles-- y de forma inminente (el jueves) la Consejería de Igualdad, que gestiona esta institución, inició una investigación interna y solicitó la intervención de la Fiscalía de Menores para que fueran los tribunales quienes intervinieran de forma más contundente en el caso de que estuviera sucediendo algo grave en el centro de menores de Cáceres.

Esa llamada fue el detonante, aunque no fue la única comunicación que los trabajadores de la Junta en el Julián Murillo hicieron llegar a la administración regional quejándose de que los modos que empleaban algunos educadores con los menores eran rigurosos y propios de una educación ´a la antigua´.

Esos métodos educativos son los que varios trabajadores pusieron en conocimiento tanto de la dirección del centro y como de la administración regional, y son los que ahora investiga la fiscalía para dilucidar si se puede interpretar o no malos tratos en ellos. Cuando concluya esa investigación la fiscalía se ocupará de realizar las acusaciones oportunas sobre los trabajadores señalados si se encuentra algún indicio para ello y se iniciará un proceso penal.

Sobre esta cuestión, desde la administración regional han confirmado que las quejas que han dado lugar a la intervención de la fiscalía el pasado lunes "no se refieren en ningún caso a abusos sexuales sobre los menores" y también señalan que "ningún niño del Julián Murillo ha tenido que ser atendido por lesiones". En todo caso, las denuncias de los trabajadores de la Junta refieren comportamientos rigurosos dentro de la ´mala praxis´ que se investiga en los procedimientos de los cuatro empleados señalados en el informe que la Junta remitió por esta cuestión a la fiscalía y la Diputación de Cáceres.

Por otro lado, varias trabajadoras de la diputación en el centro de menores señalaron a este diario que había sido una mujer la autora de esa comunicación, y que se trataba de una trabajadora de la Junta que llevaba poco tiempo atendiendo a los menores del centro. Advierten además que esa misma empleada ha solicitado la baja laboral poco antes de que iniciara la polémica en el centro de menores, al parecer por problemas psicológicos.