El diputado nacional de IU Gaspar Llamazares presenta un escrito en el Congreso, dirigido al Gobierno de la nación, en la que pregunta por la actuación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en relación con el Residencial Universidad de Cáceres.

Según la agencia Efe, en el escrito, Llamazares explica que el Tribunal Supremo ha ratificado al sentencia del TSJEx por la que se declara nula de pleno derecho la orden de la Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transportes, de 25 de abril de 2000, por la que se aprobaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cáceres.

Ese PGOU permitía la construcción de 550 viviendas en terreno no urbanizable de especial protección en la falda de La Montaña, una urbanización denominada Residencial Universidad.

Llamazares subraya en el escrito que el fiscal de la Sala de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado reconoce que ha sido "evidente la ilegalidad administrativa cometida", aunque al mismo tiempo señala que "no concurrían los requisitos exigidos para entender cometido el delito de prevaricación".

Por toda esta argumentación, el diputado de IU pregunta por la valoración que el Gobierno hace de la actuación de la Fiscalía General del Estado, "al renunciar a investigar los posibles delitos urbanísticos y medioambientales, incluso de prevaricación, que concurren en el caso del Residencia Universidad de Cáceres".

Asimismo, cuestiona que "por qué la Fiscalía no tomó en su día medidas cautelares en este procedimiento para evitar la causación de ulteriores perjuicios de difícil reparación".