Los vecinos de las barriadas de Llopis Ivorra y Espíritu Santo aseguran que la situación es ya «insostenible». La existencia en la zona de dos institutos de ESO y FP, el IES Javier García Téllez y el IES Al-Qazeres, motiva la presencia en sus calles de numerosos jóvenes, algunos con la nociva costumbre de fumar sustancias estupefacientes a la entrada y salida de clase, y durante los recreos. Lo hacen en las zonas aledañas a los centros, donde existen pisos bajos y viviendas de una y dos plantas en las que el humo se cuela por las ventanas, además de propagarse por las áreas por las que transitan los vecinos. «No se trata de un caso aislado, ni dos, ni tres. Nos quejamos porque la situación parecer verdaderamente preocupante, en primer lugar para los propios chavales», lamenta José Antonio Ayuso, presidente vecinal de Llopis Ivorra-Espíritu Santo.
No es un tema nuevo, pero se viene agravando. Tampoco exclusivo de esta zona de la ciudad, «sino de los alrededores de los distintos institutos, según nos informan, y aquí tenemos dos centros», señala Ayuso. «Pedimos a las instituciones que intervengan, hay que frenar esto, no parece lógico permitir un consumo tan continuado cada día. Y hablamos de muchos chavales, que es lo que más nos asusta», denuncia. «Nosotros como vecinos no entramos en la competencia de los institutos, pero consideramos que hay que acabar con esa imagen cada día en nuestras calles, y con el trapicheo de droga que lleva aparejado», subraya.
Según los residentes, estos jóvenes, muchos de ellos menores, comienzan a fumar sobre todo marihuana y hachís antes de entrar por la mañana a clase, incluso antes de que amanezca. «No te imaginas lo que es que se te pongan en la ventana o en el portal a las 7.45. Luego vuelven en el recreo. A veces dejan las sustancias escondidas en los buzones de publicidad para no meterlas en las aulas. Es nocivo para los mayores, un mal ejemplo para los niños y un consumo muy peligrosos para los chavales, solo hay que ver cómo se les ponen los ojos», describe el presidente vecinal. Existen zonas como el parque de Maltravieso «donde da miedo lo que se forma allí a diario».
El problema es que ya no se consume a escondidas, sino en plena calle, y cuando los vecinos les piden que se retiren a zonas más alejadas no suelen hacer caso. Algunos se ríen, otros se enfrentan. «Me ha pasado personalmente. Vivo en un bajo pegado a la acera y me entra el humo desde primera hora, me huele toda la casa, porque son pandillas de ocho y diez chavales. He salido muchísimas veces a llamarles la atención, y por eso un día hace poco me han arrancando el desagüe del aire acondicionado y han empezado a dar golpes a la ventana. He tenido que denunciarlo», relata José Antonio Ayuso.
Las consecuencias
Otro inquilino del Espíritu Santo les pidió que se fueran a fumar a otro sitio porque tenía los nietos en casa. Se encontró una pintada en la fachada: ‘Salud y drogas’. Ha logrado borrar la mitad. Son dos ejemplos de las situaciones que se producen cada mañana. «Es cierto que por la tarde no pasa, quizás porque el alumnado que acude a esas horas a los institutos es distinto, de otro perfil, de mayor edad... El problema se agrava lamentablemente con los más jóvenes», alerta Ayuso.
Pintada realizada a un vecino que llamó la atención a unos jóvenes.
Por ello, la asociación vecinal Llopis Ivorra-Espíritu Santo ha solicitado reuniones con los responsables de los centros y las asociaciones de padres de ambos institutos. «Desde nuestro humilde punto de vista, hay que tratarlo entre todos, incluido el ayuntamiento. Esperamos una respuesta, porque esto no puede continuar ocurriendo a la vuelta de las clases. Son niños y nos compete a todos que no acaben como muchos casos que todos conocemos», reflexiona el presidente vecinal.
Desde Llopis piden la misma rotundidad en la actuación que la que se produce en otros barrios cuando se denuncian problemas de convivencia, como el caso de la plaza de Santiago, donde ya se ha celebrado una mesa de trabajo para abordar la situación de exclusión de algunas personas que frecuentan el entorno. «Esperamos un trato similar como vecinos de Cáceres y porque además aquí hablamos de menores. Como personas no podemos callar lo que vemos, es nuestra obligación denunciarlo», concluye el presidente.
Más presencia policial
Preguntado sobre este consumo constante de estupefacientes en las calles de Llopis, próximas a los centros educativos, el portavoz municipal y concejal responsable de Seguridad, Andrés Licerán, comunicó ayer a EL PERIÓDICO que ha abordado el asunto con la asociación de vecinos. Aunque se trata de un tema que compete al Cuerpo Nacional de Policía, «personalmente ya lo he hablado con el Subdelegado del Gobierno, y el jefe de la Policía Local también lo ha tratado con el comisario para hacer un seguimiento al respecto», desveló Licerán. De hecho, «hemos aumentado la presencia policial en la zona y estamos estudiando cómo lo atajamos. Es un problema de educación, de prevención, aunque lógicamente la actuación policial será necesaria mientras se siga produciendo», subrayó.
Los delitos suben
De hecho, los delitos por tráfico de estupefacientes volvieron a aumentar en el último año computado al completo (2019), con un total de 105 infracciones penales en la provincia de Cáceres. Desde 2015 estos casos no paran de incrementarse. Ese año se registraron 61, para subir en 2016 hasta 83. En 2017 se produjo un ligero descenso a 74, pero en 2018 se constató un fuerte alza que alcanzó los 102, y en 2019 los 105.
El Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior desvela además que las detenciones por droga se han elevado notablemente en la provincia, desde los 140 arrestos de 2017 a más de 180 en cada uno de los dos últimos ejercicios. Resulta preocupante que 10 de los detenidos por comerciar con estupefacientes en Cáceres fueran menores de edad.
Hay hechos que no llegan a considerarse delitos, aunque sí conllevan una multa que regula la denominada ‘Ley Mordaza’. Las drogas generaron en 2019 el 73% de las sanciones que se interpusieron en Cáceres a través de esta normativa. Fue la única tipología que subió hasta alcanzar las 1.927 multas por un valor global de 1.236.477 €. Estos casos, que no llegan a los juzgados, contemplan multas que van desde 601 € hasta 30.000 €.
