--La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita cumple en enero 15 años. ¿Es hora de reformarla?

--Por la mera adaptación a la realidad social, a los cambios normativos que se han ido produciendo en distintas materias, como violencia de género, juicios rápidos, menores..., y porque el propio día a día da lugar a situaciones en las que se advierte que es susceptible de mejora.

--Mejoras en la propia ley, ¿y también para los letrados?

--Realmente el abogado de oficio cobra muy poco en relación a lo que sería el mismo asunto llevado desde un despacho particular. Pero es que además de la poca cobertura económica, hay otras que ni siquiera tienen, como de accidentes, asistencia sanitaria...

--¿Qué diría a quienes afirman que la justicia gratuita es mala?

--Que es incierto, un tópico, pues lo que la mayoría no tiene en cuenta es que el abogado del turno de oficio es un profesional liberal, con despacho propio, y que además debe cumplir unos mayores requisitos tanto de formación como de experiencia --hay que tener un mínimo de tres años de experiencia profesional y el curso de la escuela de práctica jurídica o de la especialidad concreta a la que se vaya a dedicar, como de violencia doméstica--. Pero no solo es un tópico que el abogado de oficio es joven e inexperto, es que es todo lo contrario, es un abogado más preparado y al que se exige más. De hecho, el perfil del abogado de oficio en nuestro país es el de un hombre/mujer de 41 años de media y con casi 14 años de experiencia profesional.

--¿Es un tópico también que de la justicia gratuita abusan muchos?

--La mayoría de los que acuden a la justicia gratuita es porque realmente lo necesitan, aunque como en todo tipo de ayuda pública o subvención puede haber intentos de fraude. Ni a la abogacía ni a la Administración le conviene esto, y por ello se deben extremar los controles, en primer lugar por los servicios de orientación jurídica, que dependen de los colegios de abogados, en esa primera solicitud de información de los ciudadanos; y después, y sobre todo, por las comisiones de asistencia jurídica gratuita de la Administración, que son las que tienen los medios necesarios para ello.

--En general, y aun con las carencias reconocidas, ¿cómo valora su funcionamiento?

--Es un modelo que funciona, algo que se debe, en gran medida, al esfuerzo que hace cada uno de los 38.600 abogados y abogadas de oficio que en todo el país (213 en Cáceres) prestan este servicio, haciendo que siga plenamente vigente este compromiso histórico de la abogacía con esta función social.