Ochenta puntos de acopio, siete plantas de transferencia y una macroplanta de reciclaje junto a la capital cacereña capaz de tratar entre 70 y 100 toneladas por hora. Estas son las infraestructuras que forman el nuevo Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición de la Zona Sur de Cáceres, que viene a poner fin a la proliferación de escombreras por doquier y al perjuicio reiterado al medioambiente. El nuevo sistema, que funciona a modo de gran engranaje, gestiona los desechos de las obras de ochenta municipios de la provincia (la franja sur, de este a oeste, incluida la capital), con un sistema integral que reaprovecha todos los materiales posibles para su nuevo uso, e incluso fomenta el consumo de áridos reciclados.

Este gran proyecto, promovido desde la Diputación, ha tenido que sellar primero 208 escombreras ilegales repartidas por dicha franja con un desembolso de 3,3 millones. Posteriormente se han creado las plantas (de transferencia y reciclaje) con 6 millones de euros, la mitad con fondos Feder y de la Diputación, y el resto con aportación privada. El proyecto ha sido asumido por la ute Santano-Sevilla Nevado (previo concurso público), que ha formado la sociedad Residuos Cáceres Sur (RCS).

La planta se encuentra en su primer trimestre de funcionamiento pero varios puntos de acopio todavía están pendientes --incluidos los de la capital cacereña--, una tarea que corresponde a los ayuntamientos y que resulta crucial para que el proceso sea efectivo. Si en cada municipio no existe una obligación clara de arrojar los desechos de obras a los contenedores de los puntos limpios, difícilmente llegarán a la planta para su reciclaje.

Las obras menores --catalogadas así en los permisos que otorgan los ayuntamientos-- ya tienen que llevar sus residuos a los puntos limpios o puntos de acopio de cada municipio. Están gestionados por los gobiernos locales, que deben avisar a la planta de reciclaje cuando se llenan para que acudan a por ellos (hay seis camiones de gran tonelaje disponibles para estos cometidos). El resto de las obras de más envergadura deben trasladarlos directamente a las plantas de transferencia --Trujillo, Valencia de Alcántara, Brozas, Montánchez, Miajadas, Logrosán y Castañar de Ibor-- o de reciclaje (en el kilómetro 546 de la N-630, a poca distancia del polígono de Las Capellanías). Existen distintas tasas según el tipo de residuos: los limpios, a 3 euros/tonelada, los mixtos, a 9 euros/tonelada, y los más complejos (residuos con plásticos, cartones, yesos...), a 13 euros/tonelada.

Por tanto, son los ayuntamientos los que deben controlar los vertidos en cada municipio, exigirlo en la licencias de obras, y dejar claro que "no todo vale", ni mucho menos dejar los escombros en una cuneta. "Aún no existe la necesaria colaboración de todos los ayuntamientos", subrayan desde la empresa gestora. El plan está arrancando y faltan ajustes. Por ejemplo, el consistorio cacereño anunció en noviembre la construcción de cuatro puntos limpios para la recogida de residuos de obras menores en Mejostilla, Macondo, Valdesalor y Espíritu Santo, con una partida de 40.000 euros en los presupuestos del 2016. Al no haber entrado aún en vigor estas cuentas, los puntos continúan sin habilitarse y los vertidos de obra menor están en un limbo.

La planta de reciclaje, donde se reciben todos los residuos, ocupa un espacio de 80.000 metros cuadrados y ha sido fabricada por la compañía Emsa/Kleemann. Está dividida en dos líneas: una fija para el tratamiento de material contaminado (hormigón, papel, madera, cartón, plástico, hierro...) y otra para materiales ya limpios (hormigón e hierro), compuesta por un molino móvil sobre orugas de impactos y criba. A través de un complejo proceso de cintas, cribadores, rodillos, separadores magnéticos y sopladores, estos desechos, que antes no tenían ningún aprovechamiento (solo su acumulación en vertederos), pueden ser aplicados de nuevo en el sector de la construcción para algunos cometidos. Por cierto que las tierras limpias no necesitan someterse a ningún tratamiento.

A fin de garantizar el proceso, todas las obras incluyen un plan de residuos y deben obtener los certificados de la planta donde son tratados. "Si queremos unos municipios limpios y entornos respetuosos con el medioambiente, ya tenemos las herramientas, solo hay que seguir el procedimiento", explican desde RCS, que gestionará el plan durante 25 años. La planta dará empleo a unos 18 trabajadores cuando esté a pleno rendimiento, y ya se ha contratado a la mitad.

EL NORTE, TAMBIEN LISTO Todavía es fácil ver escombreras en las cunetas de las carreteras y caminos, gestos incívicos que deben remitir tras la puesta en marcha de estas infraestructuras con sus elevadas inversiones. De hecho, el plan de la zona sur completa el que también acometió la Diputación Provincial en la zona norte (10 millones de euros), que permitió la eliminación de escombreras y la construcción de 105 puntos de acopio, 13 plantas de transferencia y 1 planta de reciclaje en Plasencia.

Ya no hay excusas para cumplir con la gestión de residuos porque los ayuntamientos han recibido incluso ayudas en sus competencias. La propia Diputación, cumpliendo con su obligación de asistir a aquellos municipios que, por incapacidad técnica o de gestión, no pueden ejercer sus funciones por sí solos, decidió hace dos años invertir en los puntos de acopio de los municipios, imposibles de realizar para algunas localidades, que además estaban a las puertas de elevadas sanciones medioambientales por el incumplimiento de su obligación de recogida y tratamiento de estos residuos.