Desde el pasado día 9, Margarita Mir se manifiesta frente a la puerta del ayuntamiento por las mañanas, y en la calle San Pedro por las tardes. Asegura que solo ingiere líquidos y frutos secos.
El pasado 26 de octubre de 2007, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres dictaba sentencia en la que le negaba el derecho a recibir del Ayuntamiento de Cáceres 48.840,80 euros que sus representantes legales pedían en concepto de responsabilidad patrimonial del consistorio a raíz del cierre del bar de la Asociación de Vecinos Santa Bárbara, de Aldea Moret. Mir regentaba el bar en régimen de alquiler junto a su marido cuando el 19 de noviembre de 2002 una resolución del alcalde acordó el cierre del local por carecer de licencia municipal.
El cierre del local supuso la presentación por los arrendatarios de querellas contra el que entonces era concejal de Obras, Joaquín Rumbo, y contra la presidenta de la Asociación de Vecinos Santa Bárbara, Guadalupe Iglesias.
Rumbo fue condenado en primera instancia por prevaricación, pero fue absuelto por la Audiencia Provincial, que le condenó por coacciones a pagar una multa de 3.652 euros. El concejal aclaró ayer que esa multa está pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional. Iglesias fue condenada a pagar una multa de 1.680 euros por inducción a un delito de coacciones. Su abogado confirmó ayer a este diario que esa multa se pagó el 7 de octubre del 2005.
Mir quiere acudir al pleno del ayuntamiento mañana en busca de respuestas del consistorio.
