Más de 1.200 inmigrantes indocumentados trabajan clandestinamente en la ciudad en la economía sumergida, según los datos que maneja la Asociación Cacereña de Extranjeros (Asce). Este colectivo afirma que la mitad de ellos se encuentran fuera de la ley al no haber cursado solicitud alguna para conseguir un permiso de residencia o de trabajo.
El borrador redactado por el Gobierno para desarrollar la Ley de Extranjería, que se prevé que estará aprobado el próximo mes de octubre, ha sido mal recibido por este colectivo de apoyo a inmigrantes. Su presidente, Roberto Diokila, afirma que "es una manera violenta y estúpida" de intentar abordar el fenómeno creciente de la inmigración. "Hay empresarios que empiezan a deshacerse ya de trabajadores inmigrantes porque desconfían al creer que les van a denunciar", asegura el responsable de la asociación. El borrador de la ley establece que, si un trabajador extranjero en situación irregular denuncia a la empresa y demuestra que su relación laboral dura al menos un año, pueda tener acceso a un permiso.
La vía del arraigo laboral para evitar la explotación y la economía sumergida que se propone el Gobierno choca con la situación actual de la bolsa de sin papeles en la ciudad. La Asociación Cacereña de Extranjeros denuncia que los expedientes para solicitar un permiso de residencia o de trabajo se rechazan casi en su totalidad. En este sentido, Roberto Diokila apunta que, a pesar de que la subdelegación del Gobierno está resolviendo el "atasco" de expedientes de la oficina de Extranjeros, "el problema es que se haga con el no".
El colectivo cacereño de inmigrantes vaticina que, con la reforma legal, aumentará el número de inmigrantes que trabajan clandestinamente. "Hay inmigrantes que prefieren seguir en el anonimato que ir a una ventanilla para que no les tengan localizados", subrayan.
DERECHO A TRABAJAR La Asociación Cacereña de Extranjeros estima que nueve de cada 10 inmigrantes carecen de papeles en la ciudad, una situación que se ha visto agravada, según Diokila, "desde el Gobierno anterior, lo que ha obligado a muchos inmigrantes a agotar todas las vías burocráticas para tratar de regularizar su situación".
Este colectivo de extranjeros en la ciudad piden "diálogo" al Gobierno y defienden su derecho a lograr un trabajo. "No somos ninguna plaga que venimos a invadir ni a robar. Más bien, todo lo contrario. Nos gustaría que nos oyeran", afirman.
Asimismo, añaden que la situación desesperada de muchos inmigrantes en sus países de origen les obliga a buscar un futuro mejor en España. "Es muy difícil para una persona que viene de fuera y deja a su familia no tener ni siquiera para comer", explica el presidente de la Asociación Cacereña de Extranjeros para describir las dificultades por las que pasan muchos de ellos.
