La bajada de impuestos en Cáceres prevista por el PP volvió a centrar ayer la crónica política después de que el PSOE haya presentado la campaña ‘Bajar el IBI sale caro’ en la que critica el acuerdo del gobierno local con Ciudadanos porque la medida, a juicio de los socialistas, supondrá solo un ahorro de 2 euros al mes por cada cacereño. El portavoz municipal Rafael Mateos, aprovechando que acaba de publicarse en el Diario Oficial de la Provincia la modificación del impuesto, recordó que supondrá una rebaja de 700.000 euros y comentó que entrará en vigor antes del 1 de enero, para que se aplique en 2019.
Mateos dijo que esta situación lo único que hace es poner de manifiesto el enfrentamiento entre dos modelos, el que defiende el PP de bajar impuestos y el que lidera el PSOE, de subirlos. El portavoz sentenció que «lo que sale caro es el gobierno del Partido Socialista» y sentenció: «Hay que rebajar la carga fiscal, que bastante tenemos ya». Finalmente negó que con esta medida vayan a verse mermadas las inversiones, «porque ya estaban contempladas antes de aplicar la rebaja».
La modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI afectará a 91.000 inmuebles en la ciudad y al 80% de las familias, según datos municipales. Este acuerdo supone una bajada del tipo impositivo aplicable a los inmuebles urbanos, que será en 2019 de dos puntos porcentuales respecto al tipo impositivo vigente en la actualidad, quedando fijado en el 0,70%, frente al actual del 0,72%.
Las declaraciones de Mateos se realizaron al término de la junta de gobierno local en la que además de este asunto se dieron a conocer otras medidas, entre ellas la adquisición de un radar móvil para la policía local. Ha costado 25.000 euros, es de gran versatilidad y fácil instalación, sin cable y puede manejarse a través del wifi y la tablet hasta 25 metros de distancia. El dispositivo es apto para colocarse a la altura de cualquier señal, mide la velocidad, los flujos de tráfico y saca estadísticas sobre las intensidades de circulación.
En la junta también se ha informado de que el Ayuntamiento de Cáceres ha realizado 45 análisis para detectar la presencia de plomo en el agua de consumo de las viviendas ubicadas en el casco histórico, realizados entre el 8 y el 30 de octubre por los técnicos municipales. Solo en seis casas han dado valores por encima del máximo permitido. En otras siete hay plomo aunque con niveles dentro de los parámetros permitidos. 161 residentes demandaron de forma voluntaria estos análisis. Como la red general está en perfecto estado deberán ser los afectados los que corran con los gastos puesto que hay que renovar acometidas privadas, aunque se abrirá una línea de ayudas.
Finalmente la junta de gobierno dio cuenta de dos sentencias, una sobre Canal, que deberá pagar 116.000 euros por infracciones en el contrato (el juzgado ha rebajado la sanción porque el ayuntamiento pedía 400.000) y otra sobre Acciona, donde el juzgado ha admitido el recurso que la empresa presentó contra la resolución del ayuntamiento por la que le pedía 800.000 euros por incumplir el contrato. El ayuntamiento volverá a iniciar el expediente para seguir reclamando ese dinero.
