Los médicos que trabajan en el centro penitenciario de Cáceres denuncian que sufren constantes agresiones y amenazas por parte de los reclusos a los que atienden a diario. Muchas veces se han visto obligados a acudir a los tribunales. No reclaman más vigilancia pero sí que se les reconozca la peligrosidad a la que están expuestos con su trabajo.

«Nosotros no trabajamos con miedo pero sí estamos expuestos a un peligro», señala la coordinadora de sanidad penitenciaria del colegio de médicos, Carmen Hoyos. Ella lleva 18 años en el centro de Cáceres y ya tuvo que denunciar a un recluso porque la amenazó con buscarla en la calle cuando saliera de prisión. Le condenaron a seis meses de cárcel.

El médico pasa consulta en un módulo del interior de la prisión junto a un enfermero, sin presencia policial ni de seguridad. Sin embargo, hasta ahora poseen la misma consideración que el personal administrativo, que no tiene contacto alguno con los internos.

como administrativos / «Todos los días firmamos en un libro (fichan a la entrada) en el que pone personal de oficinas. Nosotros prestamos el 100% de nuestros servicios en el interior del centro, no tenemos nada que ver con los funcionarios que trabajan en el exterior; pero no se nos remunera esa peligrosidad», insiste Carmen Hoyos.

Como ejemplo ponen lo acaecido el jueves en el centro penitenciario de Huelva, donde seis enfermeros fueron envenenados (cinco aún se encuentran ingresados, pero no se teme por sus vidas). Según las primeras hipótesis alguien manipuló el tetrabrik de leche que utilizan para tomarse el café y puso metadona y benzodiacepina. La policía está ahora investigando pero se cree que el autor haya sido un interno. Ayer los médicos de la cárcel cacereña llevaron a cabo una concentración en la prisión como repulsa a este suceso y para denunciar las condiciones laborales en las que ejercen su trabajo.

La competencia sobre estos sanitarios la posee el Ministerio del Interior, a pesar de que en el año 2003 se aprobó una ley que exigía el traspaso a Sanidad (esto solo se ha llevado a cabo en Cataluña y País Vasco). En el caso de la capital cacereña, según Carmen Hoyos, prestan actualmente sus servicios cinco médicos, cinco enfermeros y cuatro auxiliares de enfermería. No cuentan con farmacéutico, lo cual «es una ilegalidad» porque son los propios sanitarios los que deben realizar esta función sin estar acreditados para ello.

cobran menos / Hoyos alerta además de que tres de los cinco médicos que trabajan ahora mismo se jubilarán antes del verano y no existen sustitutos (no hay facultativos en las bolsas de interinos y las oposiciones que se convocan se quedan desiertas). La razón es el trato que reciben. Ya que, a la peligrosidad, se suma que cobran unos 1.500 euros brutos al mes menos que cualquier médico de atención primaria, según los datos ofrecidos por la coordinadora de sanidad penitenciaria. «En muchos centros actualmente solo se hace atención de urgencia, que es lo que ocurrirá en Cáceres cuando nos jubilemos; no se podrán cubrir las consultas diarias», advierte Hoyos.