+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Extremadura:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 
   
 
 

el apunte

La mina esquiva por ahora la campaña

 

Pleno de la Asamblea de Extremadura en su reunión del pasado jueves. - ASAMBLEA

En Cáceres hay muchos ejemplos de interferencias de la Junta en las decisiones del pleno de la corporación local sobre cómo planificar el desarrollo de la ciudad. Esos casos se remontan a la etapa anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria. Se hizo con leyes cuyo fin era abaratar el precio de la vivienda pagando la ciudad el coste de llevar las casas a lugares donde el suelo era no urbanizable y se tenían que crear servicios. Así surgió La Cañada, el primer caso, Cáceres el Viejo, el de mayor tamaño, Gredos, El Junquillo y el Residencial Universidad.

La autorización de esta última urbanización derivó en un proceso judicial en el que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como el Tribunal Supremo anularon las decisiones políticas que permitieron su construcción porque se autorizó levantar viviendas en un suelo que la corporación local, a través del plan general municipal de urbanismo, había decidido proteger por sus valores ambientales. Cuando la decisión judicial acabó siendo firme el residencial, con su medio millar de viviendas, ya estaba construido. Hubo que cambiar el plan para acondicionar la calificación del suelo a lo que había encima y evitar que la Justicia metiera el pico y la pala para tirar lo ‘ilegalmente’ hecho.

Hace dos meses volvió a plantearse el debate de que la Junta, a través de la Ley para una Administración Más Ágil, podría imponer a Cáceres decisiones sobre la ordenación de su territorio para la implantación de grandes proyectos empresariales. El asunto de fondo era el proyecto de la mina de litio en Valdeflores. El PP, a través del gobierno local y la dirección del partido, abanderó el rechazo a los artículos de la ley que permitían que las determinaciones de los proyectos calificados de interés autonómico prevaleciesen sobre el plan general de urbanismo de la ciudad, que con su protección ambiental de Valdeflores impide el proyecto de la mina de litio.

El PSOE, que gobierna la Junta, eliminó esa posibilidad en el debate de la ley en el pleno de la Asamblea que se celebró el pasado jueves y neutralizó uno de los argumentos de los populares en su campaña electoral. Aunque la mina está y seguirá estando en la campaña, desde la Junta, administración que tiene que tramitar el expediente de la mina, se aplaza cualquier decisión, no solo sacando de la ley los artículos polémicos, sino también no teniendo prisa en sacar a información pública el expediente de la concesión de la explotación de la mina, sigue en estudio y eso que hace ya año y medio que se presentó la solicitud. A la Junta no le interesa que el expediente de la mina salga a exposición en plena campaña, lo mismo que al ayuntamiento no le conviene ahora sacar el concurso de la zona azul, que lleva ya más de medio año pendiente de una nueva licitación.

De momento el proyecto de la mina de litio sigue ahí, en trámite. La oposición al mismo une a PP, PSOE, Podemos y Vox. Solo Ciudadanos no ha tomado partido en contra de la iniciativa minera en Valdeflores.