Los permisos administrativos para desarrollar el proyecto de la mina tienen dos frentes abiertos. Uno en la Junta, competente en Minas y Medio Ambiente, y otro en el ayuntamiento por su competencia en la ordenación del territorio. Para que el proyecto prospere todos tienen que ser positivos o con un pronunciamiento favorable vinculado a cambios para darle viabilidad.

A día de hoy no se ha hecho público ningún informe, ni de los técnicos de Minas y Medio Ambiente, de la Junta, ni de los de Urbanismo, del ayuntamiento. Sí ha habido manifestaciones de cargos públicos que son los que tienen la última palabra y cuya decisión debe guiarse por los informes de sus técnicos.

El consejero de Economía, José Luis Navarro, no se ha pronunciado ni a favor ni en contra, ha remitido a lo que se diga en los informes y ha dicho que en el caso de una declaración de impacto ambiental negativa el expediente «irá a la carpeta, no antes».

La alcaldesa, Elena Nevado, sí ha adelantado que el ayuntamiento no está por la labor de modificar el ordenamiento urbanístico y se ha manifestado en contra del proyecto por su impacto en un entorno natural que está a las puertas de Cáceres. La modificación que ahora se tiene que tramitar es a instancias de Tecnología Extremeña del Litio (Sacyr y Plymouth Minerals).

Si la decisión de los responsables municipales es refrendada por sus técnicos, con el plan de urbanismo en la mano la mina no es posible donde se pretende por la protección que da al suelo, el proyecto no tendrá autorización, no podrá ejecutarse.

Si la declaración de impacto ambiental refuerza la posición del ayuntamiento, el proyecto quedaría definitivamente enterrado. Pero si pone en duda la protección ambiental que el plan da al suelo, cabría la posibilidad de que al final sea en los juzgados donde, con los informes de todas las partes, se decida sobre el valor ambiental de la sierra de la Mosca y sobre la viabilidad del proyecto minero.

Ninguna de las dos administraciones ha querido tomar la iniciativa de un cambio en el plan de urbanismo. Navarro dijo en la Asamblea que el 8 de enero la alcaldesa comentó la posibilidad de resolver las cuestiones urbanísticas con un Proyecto de Interés Regional (Pir), con lo que la responsabilidad del cambio del plan la asumiría la Junta. Sobre esto Navarro añadió «que en ningún caso la Junta se planteaba» un Pir y recordó que la figura del Pir «puede llegar a convertirse en una causa de inseguridad jurídica».

EL PRESIDENTE del PP, José Antonio Monago, en su intervención en la Asamblea, y el portavoz del gobierno, Rafael Mateos, el pasado viernes, se han referido a este asunto. Monago recriminó a Navarro que quisiese «echar el mochuelo al ayuntamiento» instando a una modificación del plan, mientras que Mateos habló de que se quería «cargar --el proyecto-- a las espaldas del ayuntamiento».

Un proyecto como el de Valdeflores genera muchas dudas por el sitio donde se planifica y el impacto que causa, además hay un rechazo social, aunque no hay que olvidar a la parte de la población que lo apoya por el empleo. Iniciar un cambio del plan es un riesgo porque se te puede volver en contra social y judicialmente.

Tanto Monago como Mateos han atribuido a la Junta un interés especial, «este proyecto no ha caído del cielo», le dijo Monago al consejero. «Da la sensación de que es un cambio de cromos» con Sacyr por la mina de Aguablanca, apuntó Mateos. Mientras que la Junta ha interpretado que el «cambio brusco», en palabras de Navarro, del gobierno local sobre el proyecto obedece a motivos electorales, «intuyo que algunos votantes del PP le dijeron a la alcaldesa o mina o voto», afirmó el consejero. El portavoz del PSOE en Industria, Andrés Moriano, dijo en la Asamblea que se venden intereses de los vecinos de Cáceres por intereses electoralistas.

De momento han hablado los cargos públicos, mientras que las empresas guardan silencio -no Plymouth, que periódicamente sí informa en su página web de pasos que da-. Ahora hay que esperar a que se pronuncien los técnicos y a si los jueces lo hacen.