La ordenación de La Montaña, el paraje más emblemático de la ciudad, se decidirá en las próximas semanas. Pero antes habrá una fecha decisiva: el 6 de febrero y la reunión de la comisión regional de Urbanismo, encuentro del que saldrán las indicaciones sobre qué hay que modificar en el plan general municipal (PGM). Este plan establece la obtención por el consistorio de ciento treinta hectáreas de la Montaña para área de recreo o verde a cambio de compensar a sus dueños con edificabilidad residencial en otra zona. Una representación de estos propietarios se reunió el pasado lunes con la alcaldesa, Carmen Heras, para insistir en que las cesiones de suelo previstas, y por lo tanto las compensaciones a conseguir, no se recorten.

Este colectivo promovió y ganó el fallo del Tribunal Supremo que anuló la orden de la Junta por la que se pudo edificar el residencial Universidad, dejando esta urbanización fuera de ordenación. El proceso se inició porque la asociación que reúne a los propietarios, que son una veintena, se consideraron agraviados, dado que a ellos se les había negado antes edificar en la zona.

En el nuevo plan general hay tres enclaves de la Montaña que el ayuntamiento lograría a cambio de dar a sus propietarios edificabilidad en nuevas zonas donde sí se podrán construir viviendas. Son en total 170 hectáreas, de las que el colectivo de propietarios cuenta con 130, más otras 12,5 de la cesión para uno de los tramos de la ronda este. Las 130, que en la anterior legislatura se presentaban como la futura casa de campo, más las otras 12,5 se incorporan como sistemas generales a los desarrollos que se tipifican como de prioridad 1 en el nuevo plan general municipal.

Juan Antonio Martín, gerente del colectivo, comentó que el objetivo del encuentro con la alcaldesa fue reiterar que los terrenos que ellos ceden "cohesionarán la ciudad" y pedir que no se recorten las previsiones que recoge el plan. En relación a la sentencia del Tribunal Supremo, el gerente reiteró que no es de imposible incumplimiento, "sino de imprevisibles resultados".

Desde la Junta de Extremadura, que debe dar la aprobación definitiva al plan, se ha insistido en los últimos meses en que son demasiados sistemas generales (hay unas 600 hectáreas, casi la mitad en la Sierrilla) en el plan general, y en la reunión del día 6 se confirmará qué se tendrá que recortar, dejando la decisión de qué se quita al ayuntamiento. La alcaldesa indicó en una de sus últimas declaraciones que esto se decidirá "en la medida de la posibilidad y de la legalidad".

El PP se pronunció ayer sobre la reunión del día 6 y la revisión del plan, tras un encuentro con la federación de la construcción. Para el PP hay una intromisión de la Junta, que actúa contra la autonomía del ayuntamiento de decidir qué ciudad quiere. La Junta lo negó ayer, indicando que el plan no se podrá aprobar tal y como está ahora.