La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado una sanción de 12.020 euros impuesta por la Subdelegación del Gobierno a un empresario cacereño que contrató a dos ciudadanos extranjeros que carecían del permiso de trabajo, según la sentencia hecha pública esta semana.

El tribunal no entra en el fondo de la cuestión, sino que se limita a rechazar el recurso de apelación al considerarlo "inadmisible", puesto que no cumple los requisitos exigibles en cuantía ni en circunstancias legales y declara firme la primera sentencia.