Para la aprobación del expediente se necesita un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, porque las otras dos opciones (el PP con uno de los dos partidos minoritarios, IU o FC, o el PSOE con estos dos partidos) son mucho más complicadas. Primero porque IU no apoya el modelo de gestión del servicio en el que se está trabajando (a cargo de una empresa privada y sin una participación directa del consistorio) y segundo porque FC está en el gobierno, lo que condiciona que saque el expediente con el PP y sin el PSOE, grupo mayoritario en el ejecutivo.Todo pasa en este expediente por el acuerdo que puedan alcanzar PSOE y Partido Popular. En caso de que no se lograse y el nuevo contrato no se pudiera adjudicar, el servicio se enfrenta a la municipalización, que es una opción, pero que tiene un inconveniente: de la adjudicación de este nuevo contrato depende que el consistorio reciba un canon mínimo de 30 millones para amortizar los créditos que ya se han gastado para pagar deuda. Si el servicio no se adjudica, tanto en lo que queda de actual legislatura, como en la totalidad de la siguiente, se tendrá que disponer cada 6 meses de un importe de 2,5 millones de euros (solamente de principal) para abonar las cuotas de los seis créditos que por 30 millones se contrataron hace ahora un año.Como el expediente y el nuevo concurso no estará adjudicado antes del 31 de julio, cuando acaba la prórroga del actual contrato con la empresa Canal de Isabel II, ya se trabaja en una nueva prórroga, al menos de 4 meses, por causas de interés general (no se puede dejar a la ciudad sin servicio de abastecimiento y depuración), debido a que en el actual contrato solo se permite una prórroga.
