En el 2010 se iniciará la nueva concesión administrativa del servicio integral de abastecimiento de agua. Las empresas que opten a este concurso deberán calcular su oferta, de la que sale el precio a pagar por el usuario, teniendo en cuenta que entre los costes a asumir estará el pago de un canon al ayuntamiento por los activos (las instalaciones del servicio) que les entregará la administración municipal. El gobierno local quiere recaudar el canon desde el 2009 con un doble fin: cuadrar sus ingresos corrientes para garantizar la financiación de la totalidad de sus gastos corrientes (personal, los servicios básicos, gastos financieros, subvenciones, aportaciones a organismos...) e ir dotando de recursos a su plan de saneamiento para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y afrontar el pago de deuda no bancaria (más de treinta y cinco millones de euros).

El gobierno pretende que la empresa que gane el concurso anticipe el pago del canon y lo abone en tres años: 15,5 millones en 2009, 9,3 en 2010 y 6,2 en 2011. Esas cantidades salen de los valores de reposición de las instalaciones (las depuradoras, las redes, los depósitos...) con las que se quedará la empresa que gane el concurso para gestionar el servicio durante treinta años. El ayuntamiento ha calculado el coste del canon en 44,9 millones (casi a un millón y medio anual), pero el anticipo del total del canon generará unos intereses que el ayuntamiento cuantifica en casi 14 millones de euros, lo que deja la aportación definitiva del canon en 31 millones.

A la necesidad de fondos para dar respuesta a la deuda municipal se suma la crisis y la incidencia negativa que la morosidad de la administración está teniendo en las pequeñas y medianas empresas proveedoras de servicios al ayuntamiento. El anticipo del canon es un recurso que el gobierno quiere aprovechar para responder al débito presupuestario y a todos los gastos de años anteriores (más de 20 millones) que se comprometieron o surgieron sin disponer de partida presupuestaria para atenderlos.

Pero la primera duda que genera el canon es cómo afectará a la tasa que paga el usuario por el abastecimiento. Las empresas repercuten los costes del servicio en la tasa y el canon es un coste que tienen. En Cáceres también se da la circunstancia de que la tasa no se toca desde el tercer bimestre del 2005. No se han aplicado actualizaciones con el IPC, mientras que el coste del servicio sí tiene esa actualización.

El consistorio, a través del pliego del concurso que se debe convocar en verano como muy tarde, puede poner limitaciones a los incrementos de la tasa. En Almendralejo, donde se logró un canon de veinte millones hace tres años que pagó Urbaser, no se dejó subir la tarifa en los dos primeros años y a partir del tercero solo se permiten incrementos acordes con el IPC.

La otra duda es cómo influirá la crisis económica en las ofertas que presenten las empresas. Desde 1995, Canal de Isabel II gestiona el abastecimiento, después también se hizo con la gestión de las aguas residuales. En Cáceres, las adjudicatarias, las que mejor conocen el servicio, suelen repetir (ya pasó con la basura y el autobús). Otra candidata es Aquagest Extremadura, del grupo Aguas de Barcelona, que ha trasladado su sede social a Cáceres y que está participada por Caja Extremadura.