La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, se mostró dispuesta a que el ayuntamiento asuma la atención a las mujeres víctimas de violencia de género a través de sus servicios municipales, «tenemos equipos competentes para desarrollarlas».

Nevado hizo estas declaraciones durante la celebración del Panel «Pacto contra la violencia de género», organizado por el Instituto Municipal de Servicios Sociales, con motivo de la celebración del día internacional de lucha contra la violencia machista, que tuvo lugar en la sede cacereña de Caja Almendralejo.

A este encuentro acudieron, además de la regidora cacereña, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la extremeña María José Ordóñez, la presidenta de la Audiencia de Cáceres, María Félix Tena, y la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.

Elena Nevado manifestó que los consistorios, a pesar de contar con técnicos especializados, no poseen los recursos necesarios para hacer frente a la atención a las víctimas de violencia de género. Por este motivo, la alcaldesa cacereña pidió que «no se olvide la dotación presupuestaria, porque lo que no podemos hacer los ayuntamientos es asumir todas las competencias sin recursos, porque quedará de nuevo escrito en un papel» y no podrá hacerse una realidad. «Necesitamos recursos que nos ayuden para que esta lucha de tantas mujeres, por fin, tenga una solución y empecemos a ver la luz», añadió Nevado.

Por su parte, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género habló de la necesidad de extrapolar las buenas prácticas en la lucha contra esta lacra de unas comunidades a otras, para lo que se crearán «grupos de trabajo para aunar buenas prácticas e impulsar las buenas acciones».

Además, María José Ordóñez habló de la creación de unidades de coordinación en las comunidades autónomas, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, «para el seguimiento de los casos de violencia de género».

Artículo 416/ María Félix Tena y Marisa Soleto, entre otros asuntos, hablaron de la necesidad de modificar el artículo 416 de la Ley de enjuiciamiento criminal,que data de 1882. Según este texto, se exime a los familiares directos de un acusado de la obligación de declarar. Este artículo es muy controvertido porque, en el caso de la violencia de género, tiene defensores y detractores. Para unos, supone una defensa de la mujer y, para otros, una presión añadida a la víctima. «Hay que quitar el artículo 416» manifestó Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, «porque es del siglo XIX y se hizo para proteger al señor». «No podemos cuestionar a las víctimas», concluyó Soleto.

Entre el público asistente a este panel de debate estaba el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Carlos Bote, así como representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y profesionales relacionados con la atención a las víctimas de la violencia machista.

En el centro del debate, el Pacto nacional contra la violencia de género, aprobado por mayoría, que no unanimidad, el pasado mes de septiembre en el Congreso de los Diputados. «Un acuerdo de mínimos», como lo calificó Marisa Soleto, dotado con 1.000 millones de euros para los próximos cinco años.