La instalación en Cáceres de un centro comercial de la cadena El Corte Inglés ha generado desde su anuncio una amplia controversia, incardinada dentro de un Plan General Municipal (PGM) ya de por sí polémico.

No olvidemos la dimisión del concejal del PP Manuel Rodríguez Cancho , motivada básicamente por la falta de compensaciones para la ciudad y por la falta de transparencia en la tramitación de este asunto. En el escrito donde explica su dimisión dice, entre otras muchas cosas: "Precisamente porque se trata de una operación muy compleja, debería haberse hecho con la unión de toda la corporación municipal y con la máxima aportación técnica y jurídica. Pues bien, no solo no ha sido así, sino que tal información ha permanecido en un círculo de personas muy cerrado, que ha suministrado parcialmente la información con cuentagotas y cuando lo han considerado oportuno, desoyendo las peticiones de quienes debíamos pronunciarnos al respecto. Es el caso de quien les habla, de la oposición y de los técnicos a los que sencillamente no se les tiene en cuenta...".

Para empezar, lo primero que habría que ver es si conviene la instalación de El Corte Ingles en el solar de Las Carmelitas con las condiciones de ordenación, ocupación y edificabilidad previstas sobre dicha parcela. Es decir, hay que analizar las ventajas y los inconvenientes aun antes de entrar en la legalidad o ilegalidad de la operación.

XCON RESPECTOx a las ventajas, deberían indicárnoslas los que promueven, apadrinan y defienden a toda costa esta operación. Y no lo han hecho, seguramente porque no pueden hacerlo dado lo difícil que debe ser defenderla tal y como está planteada.

Con respecto a los inconvenientes han sido ampliamente expuestos de dos formas al ayuntamiento y a la Junta de Extremadura: mediante informes técnicos y jurídicos, así como en forma de alegaciones por parte de los ciudadanos, y también en forma de artículos en la prensa, programas radiofónicos, etcétera.

Para empezar, a ver como nos convencen de la bondad y conveniencia de que los niños del colegio queden instalados entre un callejón sin salida, las traseras de los edificios de Santa Joaquina de Vedruna, los edificios de 10-11 plantas de Virgen de Guadalupe y un gran almacén. Por no hablar de los posibles riesgos para los niños en las entradas, salidas y recreos en una zona saturada de público y coches (incluidos vehículos pesados en el corazón de la ciudad).

Para que sea posible la instalación que se propone se deben de hacer cuantiosas inversiones por parte del ayuntamiento (que pagan los ciudadanos) como aparcamientos, adecuación de viales, etcétera, y todo ello a mayor honor y gloria del más que probable colapso del centro de la ciudad.

La ´generosa´ compensación ofrecida por el cambio de uso y aumento brutal de la edificabilidad en una parcela de uso docente, además de las inversiones anteriormente citadas, consiste en un terraplén de 11.000 m2 al lado de la ronda norte (hacia dentro) y de otra parcela de 7.000 m2 en terreno urbanizable (hacia fuera).

Esa parcela de 11.000 m2 fue clasificada inicialmente en la revisión del PGM como suelo urbanizable para sistemas generales adscritos a la zona verde de la Sierrilla. La comisión de urbanismo del ayuntamiento denegó la alegación para ser clasificado como urbano. Pues bien, cuatro meses después esa misma parcela aparece como urbana y adscrita al mismo sector que Las Carmelitas. ¿Cómo es posible que habiéndose denegado la alegación se cambiara después? ¿Para favorecer a quién? ¿Quién lo ordenó? Igual ni en el ayuntamiento saben la respuesta.

Es lógico que el promotor diga que no es posible la instalación de El Corte Inglés más que en ese lugar y en esas condiciones. Si se va a otro lugar (por ejemplo, el parque de maquinaria) a él no le va un duro en la fiesta. Es lógico que los interlocutores de El Corte Inglés que haya tenido el ayuntamiento (si es que los ha tenido) quieran colgarse la medalla ante sus jefes de que han conseguido que se les regale el mejor solar de la ciudad. Y sería lógico también que los representantes municipales no se limitaran a ser meros comparsas en este asunto y atendieran a los intereses de la ciudad tomando parte activa en la respuesta y en la solución, teniendo en cuenta además de las opiniones de los promotores y representantes oficiales y oficiosos del gran almacén, las de sus técnicos, que las tienen en informes que ponen en duda la conveniencia y el cumplimiento del criterio de legalidad si la operación Corte Inglés-Carmelitas se lleva a efecto tal y como está planteada.

Resumiendo todo lo anterior: no estaría demás que alguien explicara a los ciudadanos de Cáceres qué beneficios sociales, económicos, etcétera, van a recibir a cambio de hacer cuantiosas inversiones, colapsar su ciudad y encerrar a los futuros escolares del colegio en una ratonera de acero y hormigón, rodeada de coches y camiones por todas partes.

Me gustaría ver la cara que pone el que lo explique.