A 12 kilómetros de la capital cacereña, en dirección a Miajadas y a la izquierda del cruce de Sierra de Fuentes, se alza el paraje denominado El Collado, en el corazón de Los Llanos. La tarde cae y apenas se registran movimientos de personas en las parcelas situadas a ambos lados de la carretera.

El Collado, incluido en la Zepa (Zona Especial de Protección de Aves), pertenece al término municipal de Cáceres. Los propietarios de las fincas proceden no sólo de la ciudad sino también de pueblos cercanos. Es el caso del matrimonio cacereño formado por Felipe y Cipri, que adecentan la entrada a su propiedad. Llevan 12 años disfrutando del lugar y han tenido la suerte de no ser sancionados por construir ilegalmente.

Sin embargo, según la propietaria, los ejemplos abundan, como el de una casa situada enfrente "que ha estado precintada por la Junta de Extremadura para proteger a la avutarda. Querían tirársela". Pero el meollo de la polémica urbanística y medioambiental va más allá, afirma su marido. "Los ecologistas tenían esta zona para las avutardas y los galgueros del pueblo. Aquí no había alambres. Empezaron a dividir extensiones de 10.000 metros en parcelas de 1.000 y 2.000 para venderlas. No es lo mismo hacer sólo una casa en una extensión así, que cinco".

Miedo a las multas

El sentir de los propietarios, añade, es ahora de temor ante la posibilidad de que haya más sanciones. "¿Por qué no me puedo hacer una vivienda si me he comprado una parcela?", se pregunta la mujer, que añade que todos los dueños de parcelas han sido denunciados en los últimos años. "Ibamos a edificar, pero el vecino nos dijo que no hiciéramos nada. Han hecho fotos desde los helicópteros".

En la parcela colindante otro propietario, que prefiere mantener el anonimato, muestra su enfado por la discriminación con otros dueños a los que no se ha sancionado. "Nos denunciaron a los que estábamos construyendo hace cuatro años. Fuimos 35, pero aquí somos más". Luego vino la visita de la Guardia Civil y la declaración ante el juez: "Le dije que no tenía conocimiento de que fuera ilegal. Cuando lo compré no sabía nada y nadie me dijo que no podía construir. El precio no era para sembrar garbanzos", destaca.

Ya ha pagado una multa de 1.000 euros, que define como "un impuesto revolucionario destinado a Medio Ambiente", y asegura que en otros casos ha llegado a los 12.000. "Nos ha hecho la puñeta una inmobiliaria que ha comprado mucho terreno a precio agrícola y lo revende como urbanizable". Las quejas se dirigen también a los ecologistas: "Hay 120 parejas de avutardas para 75.000 hectáreas y parcelas que no se limpian".