Uno de los grandes problemas ahora es si las modificaciones que se ejecuten en el proyecto ponen en peligro los fondos que prestó Europa para realizar esta obra (costó más de 400.000 euros). El ayuntamiento tiene la obligación de comunicar las correcciones que se van a llevar a cabo y, precisamente para evitar tener que devolver el dinero, acometerá obras menores que no cambien del todo la fisionomía de las calles.

«Si solo aportamos complementos no habría ningún problema con la financiación europea porque los proyectos europeos son flexibles siempre y cuando se mantenga la filosofía del proyecto», indicó ayer el alcalde, Luis Salaya. Aunque lo cierto es que esta calle se abrió para mejorar su accesibilidad y, según los informes recibidos, la ha empeorado.

Salaya siempre criticó esta actuación, ejecutada en la anterior legislatura. Cree que antes de ponerla en marcha habría que haber valorado si era posible hacer accesible la calle: «Esa inversión se podía haber hecho en el entorno, partiendo de que la accesibilidad total en cascos antiguos no podemos alcanzarla» insistió ayer.

Y culpabilizó directamente al anterior equipo de gobierno (PP): «Hay responsables políticos claros. La anterior alcaldesa (Elena Nevado) se empeñó en poner una escalera donde no cabía una escalera. Si pedimos a los técnicos que desarrollen proyectos con unas anotaciones muy concretas acaban saliendo proyectos por la ley del embudo», criticó el regidor cacereño.

Cabe destacar que el ayuntamiento encargó un informe jurídico para depurar responsabilidades por esta obra y ha concluido que no existe una base legal como para culpabilizar ni a técnicos ni a políticos. En base a esto, y a pesar de todo, la actuación entra dentro de los cánones de la legalidad.