Los empresas de Pintores y Moret no podrán instalar cámaras para vigilar el principal eje comercial de la capital cacereña. La negativa de la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Extremadura a la petición efectuada por la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca), ante la que cabe presentar recurso, fue confirmada ayer a EL PERIODICO por la Delegación del Gobierno en Extremadura. Al tratarse de un dictamen en contra, explicaron estas mismas fuentes, la decisión es vinculante y no puede ser recurrida por la delegación, que sí podría haberlo hecho en caso de que hubiera sido favorable. Este diario intentó ayer, sin éxito, acceder al contenido del dictamen a través de la delegación y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

De esta forma queda paralizada la puesta en marcha de las tres cámaras que ya se habían instalado en la zona --dos en Pintores y una en Moret-- como principal medida para poner freno a la ola de graffitis en las fachadas de los establecimientos desde hace años. La instalación de videocámaras de vigilancia ya se ha planteado en otras áreas comerciales, como en Menacho en Badajoz, sin petición oficial aún, esta vez a causa de una decena de robos ocurridos en octubre pasado. Dos municipios, Llerena y Olivenza, también pidieron permiso para instalarlas en vías públicas como solución contra los actos vandálicos, pero la Delegación del Gobierno no lo autorizó porque consideró que no existían riesgos concretos e importantes para permitir esta medida excepcional.

En el caso de Cáceres, la asociación de empresarios del comercio proyectó inicialmente diez cámaras, reduciendo esta cifra a tres, costeadas con cargo al proyecto del centro comercial abierto, financiado en un 75% por la Junta de Extremadura y el 25% por el ayuntamiento cacereño. Con el visto bueno de la policía local y el consistorio, estarían conectadas mediante un ordenador al departamento de seguridad situado en el consistorio y que está controlado por agentes municipales.

COMISION DE TECNICOS El expediente presentado por Aeca para justificar la necesidad de las cámaras incluía un extenso dossier de medio centenar de páginas que recogían actos vandálicos en la zona publicados por la prensa desde el 2004. La Comisión de Garantías de Videovigilancia de Extremadura, encargada de dictaminar acerca de las solicitudes, está integrada por el presidente del TSJEx, su fiscal-jefe, un abogado del Estado y representantes de la Federación de Municipios, de la Administración General del Estado y la Delegación del Gobierno, con dos asesores designados al efecto.

Consultado ayer por este diario, el exalcalde de Olivenza, Ramón Rocha, recordó que la propuesta de instalar cámaras en su municipio "debió plantearse mejor" y aseguró que la petición estaba justificada. Apuntó que el gobierno local decidió recurrir la decisión de la comisión de videovigilancia, pero que fue denegada de nuevo.