El nombramiento del personal directivo vuelve a protagonizar una sesión bronca en la diputación. La institución celebró ayer el primer pleno ordinario del año en el que tres de los puntos del día estaban relacionados con la plantilla de esta administración. Una de ellas fue una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que afectará a la jefatura del servicio de Desarrollo Sostenible, de Igualdad y de Cultura y al puesto de técnico en Medio Ambiente (en realidad lo que propone esta modificación son cambios en los requisitos para acceder a los puestos).

La oposición (PP y Ciudadanos), en cambio, cree que el equipo de gobierno pretende legalizar el nombramiento de dos altos cargos en el área de Personal y del Organismo Autónomo de Recaudación. El equipo de gobierno lo niega. «Creemos que se han traspasado los límites persiguiendo y señalando a dos funcionarias con más de 15 años de servicio público con el único fin de atacar al gobierno, pero faltando a la verdad y manipulando la realidad», afirmó ayer el portavoz del equipo de gobierno de la diputación, Álvaro Sánchez Cotrina. Asegura, asimismo, que el nombramiento de ambas cuenta con los informes favorables que «acreditan» que cumplen los requisitos para desempeñar esta función.

La oposición insiste en que estas designaciones se han realizado de manera irregular por eso han reclamado la celebración de un consejo rector extraordinario para pedir explicaciones. «Entendemos que si una persona se encuentra en una situación irregular no puede seguir ostentado esta responsabilidad por las consecuencias que sus acciones puedan tener», advirtió el portavoz de los popular, José Ángel Sánchez Juliá.

OTROS CASOS / En la sesión plenaria también se dio ayer a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que impide a la institución regular jurídicamente el régimen del personal directivo. El fallo deja sin efecto el reglamento que había aprobado el equipo de gobierno e incorporado a la Relación de Puestos de Trabajo. El Alto Tribunal estima que esta regulación debe regirse por la legislación estatal. «Creemos que atenta contra la autonomía provincial», señaló Sánchez Cotrina. Aunque recordó que la sentencia no afecta a ningún trabajador de la institución.

Por otro lado, también se debatió sobre los dos procesos selectivos que han tenido que detenerse por la presentación de sendos recursos por parte de los aspirantes: Uno para cubrir el puesto de técnico de Medio Ambiente y otro para 32 plazas de bombero-conductor. Según avanzó ayer el portavoz del equipo de gobierno este último se ha reanudado después de que se haya inadmitido el recurso por «falta de legitimación» del recurrente.

Por otro lado, en materia de infraestructuras, diputación dio luz verde ayer a la inversión de 1,6 millones para mejorar las infraestructuras eléctricas en 29 municipios a través del Plan de Inversiones Eléctricas Municipales (PIEM) (la institución aportará 812.000 euros, la Junta 650.000 y los municipios 162.500 euros). En 16 de ellos las obras las realizará la propia institución provincial y en el resto las ejecutarán los pueblos pero con el dinero de diputación.