«Queremos que este calvario acabe cuanto antes». La respuesta es rotunda. Para los trabajadores de Feafes en Cáceres este año ha sido más complicado que para el resto porque a la situación, ya de por sí complicada, provocada la pandemia, se le ha sumado la crisis interna que vive el centro en el que trabajan con personas con enfermedades mentales. La situación que denuncian viene de largo pero 2020 ha sido el año en la que se ha agudizado hasta llegar a al límite. «Es insostenible», añade una de las monitoras afectadas, que prefiere no desvelar su identidad. Con media plantilla de baja y casi un año sin cobrar su sueldo, lamentan que son testigos de cómo «se desmantela» el centro. «Nos cortaron el teléfono hace tres semanas y no hay agua caliente, esto ya no puede seguir así».
En este periplo se ven envueltos la propia empresa Feafes, la plantilla y el Sepad. Los trabajadores denuncian siete meses de impagos por parte de la entidad a los que la compañía no puede hacer frente porque tiene las cuentas bloqueadas debido a otras deudas. La cifra que debe a la plantilla crece con los meses y los empleados piden a la Junta, que no es responsable directa pero tiene un contrato con la empresa porque el recurso es público, que medie para dar una solución. El Sepad ofrece dos opciones: que Feafes ceda la gestión del centro a otra entidad o que se ponga fin al contrato y la deuda de los trabajadores sea asumida por el fondo de garantía salarial (Fogasa).
Tras semanas de negociaciones sin alcanzar ningún acuerdo sobre el futuro de la entidad, finalmente la Junta esta semana ha enviado un preaviso para intervenir el centro, es decir, ha dado el primer paso para resolver el contrato. Esta decisión del gobierno regional se produce después de que Feafes rechazara la propuesta que hizo la empresa madrileña Grupo 5 para asumir la gestión de las instalaciones. Sobre la ruptura de las negociaciones se pronuncia este diario la directora de Feafes, Noelia Grande, que encabeza la junta directiva de la entidad desde el pasado noviembre. Justifica la negativa en que «no reunía unas condiciones mínimas» ni para trabajadores ni para el servicio. «Querían que les hiciéramos quitas del más del 60% de lo que se les debe a los empleados y quitas a los proveedores de más del 30%, no consideramos que fuera viable y se les hizo una contrapropuesta para permitir el pago íntegro de los salarios y el viernes 26 de febrero rompieron las negociaciones», expone. Del mismo modo, hace mención Grande a la existencia de vínculos entre la altos cargos de la empresa Grupo 5 y la anterior gerencia del Sepad.
En el mismo sentido, lamenta la situación «dramática» que viven los empleados y reitera el compromiso de la empresa para «intentar que los usuarios se queden donde están y que los trabajadores mantengan su puesto». Insiste también en que esta pasada semana la dirección intentó ponerse en contacto con el Sepad para conocer la evolución de la situación pero lamenta que no ha obtenido respuesta.
En la actualidad, Feafes acumula una deuda de 375.000 euros. El último contrato se firmó en 2020 por un periodo de tres años y con una cuantía de un millón de euros. En el centro se atienden a 30 personas más otras ocho que se encuentran en pisos tutelados y emplea a una treintena de trabajadores. Los primeros contactos para abordar este conflicto entre empresa, Junta y sindicatos se produjeron a principio de año después de que en noviembre de 2020 la plantilla se manifestara a las puertas del edificio. Esas negociaciones dieron esperanza a los trabajadores, que vieron un fin cercano a una pugna con difícil solución. «El Sepad nos dijo que aguantáramos el último empujón». Mientras ese fin llega, la plantilla solo tiene una petición, que sea «digno».
