El cierre durante un año del Cruz de Malta, recientemente decretado por el ayuntamiento al considerar que este local de copas de la plaza Mayor sobrepasa el número de decibelios permitidos, podría acabar en los tribunales. El abogado cacereño Angel Luis Aparicio, defensor del propietario de este establecimiento, estimó ayer que no era procedente la medida adoptada por el equipo de gobierno de Saponi y anunció que el recurso está ya en la vía del contencioso administrativo. Además, insistió en que no descartaba la posibilidad de interponer una acción penal "puesto que consideramos --dijo-- que pudiera incurrirse en un delito de negligencia o supuesta prevaricación".
MARAVEDI Aparicio matizó que el propietario del local lo era además del Maravedí, otro establecimiento de la plaza que también se ha cerrado un año por un problema de ruidos. Según el letrado, el ayuntamiento ha aplicado una medida cautelar al estimar que el aparato musical emanaba más de 30 decibelios, máximo permitido por ley.
El abogado sostiene que el ayuntamiento ha aplicado una medida cautelar de precinto del aparato musical, "cuando ese aparato no emana más de 30 decibelios y hace aproximadamente un mes y medio que hemos hecho un escrito para que se revise y compruebe que no supera los límites legales establecidos".
Aparicio añadió que el equipo de gobierno "no ha hecho ni caso" de este escrito y ha aplicado una sanción, que es muy grave, "cuando --sentenció-- la única competencia en esta materia la tiene la Junta de Extremadura".
Recordó que el único medio de vida que tenía el propietario y su familia eran estos negocios. "En lugar de rectificar siguen adelante con el gravísimo perjuicio que le están ocasionando a esta familia".
Esta no es la única acción iniciada por Aparicio sobre la movida. El letrado lleva también el caso del hípico y defiende a los hosteleros que han presentado la alegación al centro de ocio del recinto ferial.
