La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura reconoce que las órdenes de expulsión del subdelegado del Gobierno se ajustan a ley, pero hacen constar que si bien esta ley "es muy restrictiva", también contempla la reinserción social y laboral de los inmigrantes, "aspecto que podría haberse tenido en cuenta para evitar estas nuevas expulsiones".
El colectivo, que insiste en criticar algunos aspectos de esta ley, anuncia que pedirán al nuevo Gobierno una nueva Ley de Extranjería que haga más fácil la regularización de los inmigrantes y que contemple derechos básicos como el de asociación, huelga o sindicación.
