La implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) sigue motivando quejas y denuncias por los problemas y retrasos que su implantación, en febrero pasado, viene ocasionando en la actividad judicial. A las ya planteadas por jueces y funcionarios se suman ahora la de abogados laboralistas, que aseguran que como consecuencia de la NOJ "se están produciendo problemas muy graves" en muchos aspectos, "pero que tienen que ver fundamentalmente con la variación que se está produciendo en el tiempo de respuesta judicial".

Así lo denunciaron ayer a este diario los abogados de la asesoría jurídica de la UGT, poniendo de manifiesto que es "un sentir generalizado en la profesión", y de forma muy concreta "en aquellos que nos dedicamos al ejercicio laboral del Derecho".

Según dichos profesionales, antes de la implantación de la NOJ Cáceres "era modélica" en lo que se refiere al tiempo de respuesta judicial. El tiempo que transcurría entre el planteamiento de una demanda y la terminación de un procedimiento judicial "era muy rápido", pero esto, aseguran, se está viendo ahora "seriamente perjudicado". Es algo que según ponen de manifiesto está ocurriendo de forma generalizada, pero de forma "aún más grave" en el ámbito laboral, "y de forma mucho más aún en las ejecuciones, donde se está produciendo un tapón de botella espectacularmente grave".

Explican en este sentido que antes podía tardarse entre 6 y 9 meses la ejecución de una sentencia judicial favorable al trabajador en caso de despido o impago, por ejemplo, "pero la implantación de la nueva oficina judicial ha hecho que este proceso se demore muchísimo, hasta el punto de que hay muchísimas ejecuciones que llevan hasta seis meses sin moverse, sin que haya una sola resolución judicial en torno a las mismas".

FALTA DE PERSONAL Para los abogados laboralistas la razón de esta demora, de esta "paralización" en las ejecuciones de las sentencias laborales se debe a la NOJ, y más en concreto a la falta de personal que se ha derivado de este nuevo sistema de organización judicial. "La principal razón de esta demora radica, fundamentalmente, en que mientras que antes las ejecuciones laborales en Cáceres las tramitaban cinco funcionarios de carrera y con experiencia, ahora las tramitan dos funcionarias que no tienen experiencia, y que aunque nos consta que están haciendo todo lo que pueden, no es suficiente".

Este hecho, según los abogados de la asesoría jurídica de UGT, se ha venido solventando con la ampliación de jornada por parte de algunos funcionarios, "pero según parece, como no tienen el nombramiento no se les están certificando las horas ni, por ahora, se las van a pagar, por lo que las van a dejar de hacer, con lo que el tapón de botella va a seguir creciendo".

Ante este hecho exigen una rápida solución, "pues si siempre es grave que la justicia no funcione bien y sea lenta, lo que es intolerable es que en los tiempo que corren, y por una cuestión meramente burocrática, haya trabajadores que no puedan acceder a unos dineros que para ellos es fundamental, en muchos casos incluso vital".